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jueves, 25 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

[:es]¡No me vengan con humos, es la educación![:ca]No em vingues amb fums, és l’educació![:]

Columna d'opinió de Víctor Bisquert, regidor de Poble Nou de Benitatxell i Professor de Geografia i Història, sobre la Llei Celaà

[:es]

La educación debería ser sinónimo de libertad, autonomía, diversión, crecimiento personal, y un largo etcétera. No obstante, en España, desde hace mucho tiempo, algo tan bello como aquello que los griegos llamaban paideia y que era uno de los elementos centrales de las polis (ahora le llamamos educación) termina identificándose con el conflicto, la mentira, el insulto fácil o incluso la muerte.

Y de esto último, sobre todo cuando se trata de reformas educativas progresistas que refuerzan la escuela pública, la derecha y la extrema derecha de este país saben mucho. Y aunque utilizar el término “muerte” para hablar de educación y en concreto de una reforma educativa parece un poco fuerte y exagerado, estos fueron los términos en las que la portavoz del PP Cuca Gamarra se expresó al decir que la bautizada como Ley Celaá “nace muerta”. Con estas palabras hacía alusión a que esta nueva modificación de la LOE será derogada en el momento en que la derecha y la extrema derecha (a veces difíciles de diferenciar) vuelvan al gobierno de la nación.

Querer cargarse una ley educativa antes de conocer su impacto, su aplicación y en contra de la estabilidad del proyecto educativo de muchos centros escolares del país, es lo más ruin y antipatriota que se ha visto nunca.

Es triste que en este país la educación lleve siglos convertida en un arma ideológica para atacar al rival político y arañar un puñado de miserables votos, sin tener en cuenta los efectos perniciosos para la educación que eso provoca y el caos y la incertidumbre que genera a toda la comunidad educativa y, sobretodo, al pilar de ella: las niñas y los niños.

Con la modificación de la LOE (la LOMLOE) ya serán 8 las leyes o reformas educativas que se han realizado en España des de los años 70 (casi una ley cada 5 años). Un esperpento que solo demuestra la bajeza moral de muchos políticos que han pasado por nuestros parlamentos y la falta de madurez y responsabilidad que todavía sufre la democracia representativa en España.

Estas leyes educativas que se han aprobado en los últimos cuarenta años, además, se han caracterizado por presentar similitudes a nivel político: se suelen aprobar sin un consenso amplio y sin contar con la comunidad educativa; se suele profetizar su final antes incluso de su implantación; y se convierten en un arma política que hay que defender o destruir dependiendo del partido que gobierna y aprueba la ley.

Y de esto último la derecha, junto a la extrema derecha y la Iglesia católica tienen un buen currículum. No hay ley educativa de carácter progresista que se resista a sus ataques, siempre en nombre de una supuesta libertad y con una bandera que representa a millones de españolas y españoles que no piensan como ellos como símbolo de su lucha.

Así, y como marca el buen ADN de la derecha patria, a las pocas semanas de conocer las principales propuestas de la LOMLOE, los principales partidos de la derecha y la extrema derecha junto a sectores de la Iglesia católica o del Opus Dei se lanzaron de nuevo a las calles para hacer uso de su libertad de expresión y hacer frente a esta nueva ley a base de humo, contaminación y sonido de claxon. Todo en nombre de una supuesta “libertad” que esta ley, totalmente legal y constitucional, les quiere arrebatar… Parece que la libertad de los que queremos vivir sin contaminación ni gases tóxicos en nuestras ciudades no existe para ellos. Tal vez el concepto de libertad no sea igual para todos.

Pero más allá del vocerío y el humo (en este caso literal) que ha generado la Ley Celaá es necesario hacer un análisis crítico y sincero de las modificaciones planteadas sobre la LOE más allá de la dicotomía simplista y reducida a ley mala o ley buena que han expresado los líderes políticos según su orientación ideológica.

En primer lugar cabe señalar que no se trata de una nueva ley educativa sino, como ya se ha dicho, de una reforma de la Ley Ogánica de Educación aprobada por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero el año 2006.

Entre las principales modificaciones de la original LOE y que han generado un importante choque político y una gran retrasmisión mediática están las relacionadas con la escuela concertada, que son el germen principal de las protestas. La nueva ley establece algunos puntos interesantes como la eliminación de “demanda social” a la hora de ofertar nuevas plazas para la concertada, un cambio que, junto a la eliminación de cuotas monetarias que algunos centros establecían a las familias, permite reducir la discriminación de acceso por razones socioeconómicas a unos centros que se permiten el lujo de escoger su alumnado.

Esta medida, aunque supone un pequeño avance frente a la discriminación, sigue siendo una vez más insuficiente. Un gobierno que se pone la etiqueta de izquierdas y en pleno 2020 cuando la necesidad de antaño de contar con centros concertados para suplir la oferta pública ha desaparecido, el verdadero cambio debe pasar por la desaparición de estos centros privados con financiación pública y destinar todos estos esfuerzos económicos y humanos a reforzar la escuela pública y convertirla en un referente educativo a nivel nacional y europeo. Las familias que quieran llevar a sus hijos e hijas a centros privados y/o religiosos tienen la libertad de seguir haciéndolo. Eso sí, pagándolo de su bolsillo. Las administraciones públicas, como es el Estado, deben velar por encima de todo por la educación pública de calidad.

Otra modificación respecto a los centros concertados es la prohibición de que estas escuelas puedan segregar por géneros. En cuanto a esta medida no puedo más que aplaudirla, pero llega muy tarde. Se hace difícil que estando a punto de iniciar la tercera década del siglo XXI todavía se permita y se lleve a cabo una discriminación que recuerda a tiempos pasados un tanto oscuros.

Otro cambio polémico ha sido la eliminación del concepto de “lengua vehicular” para el castellano como había introducido la Ley Wert. Ahora la ley garante de la obligatoriedad de aprender castellano será la Constitución Española y las leyes autonómicas. Con este cambio se pretende proteger el uso y aprendizaje en las escuelas de las lenguas cooficiales del estado. Y, aunque la derecha sigue gritando y esparciendo humo de que con esta medida se quiere erradicar el castellano, lo cierto es que la lengua de Cervantes goza de buena salud en toda España y nadie desconoce este bello idioma. En cambio, otras lenguas como el valenciano, si siguen sufriendo ataques y retroceso de espacios de aprendizaje. Si no es así que le pregunten a PP y VOX y a la cacicada xenófoba que han intentado aprobar en la ciudad de Alicante para eliminar el valenciano de las escuelas locales. Contra estos ataques, esta nueva modificación de la ley y un esfuerzo unánime por defender el aprendizaje en las aulas de todas las lenguas de España.

Por último, y aunque quedan muchos puntos a tratar, encontramos las modificaciones relativas a la asignatura de Religión [católica]. El único cambio para esta asignatura, que seguirá impartiéndose en centros públicos, es que la nota obtenida dejará de contar para la media final de bachillerato. Una vez más, y tratándose de un gobierno progresista, esta modificación de ley se vuelve a quedar inmensamente corta. En esta materia hay que ser valientes, aplicar el artículo 16.3 de la Constitución, romper los acuerdos con el Vaticano y eliminar la religión católica y otras de las escuelas públicas. Sí que hay, en cambio, que defender el aprendizaje de la historia de las religiones como forma de entender nuestras sociedades. Pero para tal fin está más que preparado el profesorado de Geografía e historia que, además, ha accedido a la docencia en centros públicos a través de procesos de selección objetivos.

La LOMLOE, como vemos, presenta unas mejoras respecto a la LOE y la LOMCE, pero sigue siendo insuficiente y necesita mejoras en cuanto a su contenido como a las formas de su redacción y aprobación. Por eso me gustaría terminar esta humilde opinión regalando una serie de propuestas para la ministra Celaà y el resto de miembros del Ejecutivo para que la LOMLOE mejore y el 2021 venga cargado de mucha educación pública de calidad:

  • ¡Basta ya de redactar proyectos educativos des de los despachos, con asesores políticos y alejados de la realidad educativa! Tanto esta reforma educativa como las que vengan se deben hacer con un amplio consenso y desde abajo. Por eso es necesario que se armen proyectos asamblearios en los centros educativos para que toda la comunidad educativa piense, debata y decida propuestas que después haga llegar al ministerio. Hay que democratizar la educación y construir sus pilares des de la base: escuelas, alumnado, docentes y familias.
  • Las reformas educativas a nivel estatal y autonómico deben centrar parte de sus esfuerzos en una necesaria y urgente reducción de ratios en las aulas. Solo con esto conseguiremos aumentar drásticamente la calidad de la enseñanza, una mejora del trabajo docente que será más eficiente y un trabajo más cercano y más profundo con cada alumno. Como no, para esto hace falta más inversión.
  • En pleno siglo XXI es también obligatorio la digitalización completa de todas las aulas. No se puede seguir dando clases en espacios con una estructura, distribución y material propio de las clases magistrales y unidireccionales del siglo XIX. Vivimos en la sociedad de la tecnología y, por tanto, esta debe estar presente en todos los espacios educativos y en todos procesos de aprendizaje. El alumnado debe aprender a utilizar correctamente estas herramientas y que, además, le permitan reforzar sus conocimientos y fomentar la curiosidad y la creatividad. Pero para ello, una vez más, hace falta más inversión.
  • Por último, y tal vez una de las cosas más importantes que no se ha tenido en cuenta en las últimas reformas educativas, es la necesidad de revisar y actualizar los contenidos curriculares de todas las asignaturas al siglo XXI y a la sociedad de la información. Unos cambios curriculares que apuesten más por el aprendizaje de procedimientos que de contenidos teóricos, por trabajar el pensamiento crítico de todo lo que sucede a nuestro alrededor o vemos por las redes sociales y que tenga los valores de igualdad de género, empatía y solidaridad como columnas vertebrales de todo el proceso educativo y de toda asignatura y nivel. Pero de forma real y no solo sobre un papel.

Espero y deseo que estos planteamientos puedan servir de ayuda y de reflexión y permitan construir una mejor educación y una mejor sociedad.

POR UN 2021 LLENO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DIÁLOGO Y LIBERTAD

[:ca]

L’educació hauria de ser sinònim de llibertat, autonomia, diversió, creixement personal, i un llarg etcètera. No obstant això, a Espanya, des de fa molt de temps, una cosa tan bell com allò que els grecs anomenaven paideia i que era un dels elements centrals de les polis (ara en diem educació) acaba identificant-se amb el conflicte, la mentida, l’insult fàcil o fins i tot la mort.

 

I d’això últim, sobretot quan es tracta de reformes educatives progressistes que reforcen l’escola pública, la dreta i l’extrema dreta d’aquest país saben molt. I encara que utilitzar el terme “mort” per parlar d’educació i en concret d’una reforma educativa sembla una mica fort i exagerat, aquests van ser els termes en què la portaveu del PP Cuca Gamarra es va expressar al dir que la batejada com a Llei Celaá “neix morta”. Amb aquestes paraules feia al·lusió al fet que aquesta nova modificació de la LOE serà derogada en el moment en què la dreta i l’extrema dreta (de vegades difícils de diferenciar) tornen al govern de la nació.

 

Voler carregar-se una llei educativa abans de conèixer el seu impacte, la seua aplicació i en contra de l’estabilitat del projecte educatiu de molts centres escolars de país, és el més roí i antipatriota que s’ha vist mai.

 

És trist que en aquest país l’educació porte segles convertida en una arma ideològica per atacar al rival polític i esgarrapar un grapat de miserables vots, sense tenir en compte els efectes perniciosos per a l’educació que això provoca i el caos i la incertesa que genera a tota la comunitat educativa i, sobretot, a el pilar d’ella: les xiquetes i els xiquets.

 

Amb la modificació de la LOE (la LOMLOE) ja seran 8 les lleis o reformes educatives que s’han realitzat a Espanya des dels anys 70 (gairebé una llei cada 5 anys). Un esperpent que només demostra la baixesa moral de molts polítics que han passat pels nostres parlaments i la manca de maduresa i responsabilitat que encara pateix la democràcia representativa a Espanya.

 

Aquestes lleis educatives que s’han aprovat en els últims quaranta anys, a més, s’han caracteritzat per presentar similituds a nivell polític: se solen aprovar sense un consens ampli i sense comptar amb la comunitat educativa; se sol profetitzar el seu final abans fins i tot de la seua implantació; i es converteixen en una arma política que cal defensar o destruir depenent del partit que governa i aprova la llei.

 

I d’això últim la dreta, al costat de l’extrema dreta i l’Església catòlica tenen un bon currículum. No hi ha llei educativa de caràcter progressista que es resistesca als seus atacs, sempre en nom d’una suposada llibertat i amb una bandera que representa milions d’espanyoles i espanyols que no pensen com ells com a símbol de la seua lluita.

 

Així, i com marca el bon ADN de la dreta pàtria, a les poques setmanes de conèixer les principals propostes de la LOMLOE, els principals partits de la dreta i l’extrema dreta al costat de sectors de l’Església catòlica o de l’Opus Dei es van llançar de nou als carrers per fer ús de la seua llibertat d’expressió i fer front a aquesta nova llei a força de fum, contaminació i so de clàxon. Tot en nom d’una suposada “llibertat” que aquesta llei, totalment legal i constitucional, els vol prendre … Sembla que la llibertat dels que volem viure sense contaminació ni gasos tòxics a les nostres ciutats no existeix per a ells. Potser el concepte de llibertat no siga igual per a tothom.

 

Però més enllà de la cridòria i el fum (en aquest cas literal) que ha generat la Llei Celaá cal fer una anàlisi crític i sincer de les modificacions plantejades sobre la LOE més enllà de la dicotomia simplista i reduïda a llei dolenta o llei bona que han expressat els líders polítics segons la seua orientació ideològica.

 

En primer lloc cal assenyalar que no es tracta d’una nova llei educativa sinó, com ja s’ha dit, d’una reforma de la Llei Orgànica d’Educació aprovada pel govern de José Luís Rodríguez Zapatero l’any 2006.

 

Entre les principals modificacions de l’original LOE i que han generat un important xoc polític i una gran retransmissió mediàtica estan les relacionades amb l’escola concertada, que són el germen principal de les protestes. La nova llei estableix alguns punts interessants com l’eliminació de “demanda social” a l’hora d’oferir noves places per a la concertada, un canvi que, al costat de l’eliminació de quotes monetàries que alguns centres establien a les famílies, permet reduir la discriminació d’accés per raons socioeconòmiques a uns centres que es permeten el luxe d’escollir el seu alumnat.

 

Aquesta mesura, tot i que suposa un xicotet avanç enfront de la discriminació, segueix sent una vegada més insuficient. Un govern que es posa l’etiqueta d’esquerres i en ple 2020 quan la necessitat d’antany de comptar amb centres concertats per suplir l’oferta pública ha desaparegut, el veritable canvi ha de passar per la desaparició d’aquests centres privats amb finançament públic i destinar tots aquests esforços econòmics i humans a reforçar l’escola pública i convertir-la en un referent educatiu a nivell nacional i europeu. Les famílies que vulguen portar els seus fills i filles a centres privats i/o religiosos tenen la llibertat de seguir fent-ho. Això sí, pagant-ho de la seua butxaca. Les administracions públiques, com és l’Estat, han de vetllar per sobre de tot per l’educació pública de qualitat.

 

Una altra modificació respecte als centres concertats és la prohibició que aquestes escoles puguen segregar per gèneres. Pel que fa a aquesta mesura no puc més que aplaudir-la, però arriba molt tard. Es fa difícil que estant a punt d’iniciar la tercera dècada de segle XXI encara es permeta i es porte a terme una discriminació que recorda temps passats una mica foscos.

 

Un altre canvi polèmic ha estat l’eliminació del concepte de “llengua vehicular” per al castellà com havia introduït la Llei Wert. Ara la llei garant de l’obligatorietat d’aprendre castellà serà la Constitució Espanyola i les lleis autonòmiques. Amb aquest canvi es pretén protegir l’ús i aprenentatge a les escoles de les llengües cooficials de l’estat. I, encara que la dreta segueix cridant i escampant fum que amb aquesta mesura es vol eradicar el castellà, la veritat és que la llengua de Cervantes gaudeix de bona salut a tot Espanya i ningú desconeix aquest bell idioma. En canvi, altres llengües com el valencià, si segueixen patint atacs i retrocés d’espais d’aprenentatge. Si no és així que li pregunten a PP i VOX i a la cacicada xenòfoba han intentat aprovar a la ciutat d’Alacant per eliminar el valencià de les escoles locals. Contra aquests atacs, aquesta nova modificació de la llei i un esforç unànime per defensar l’aprenentatge a les aules de totes les llengües d’Espanya.

 

Finalment, i encara que queden molts punts a tractar, trobem les modificacions relatives a l’assignatura de Religió [catòlica]. L’únic canvi per a aquesta assignatura, que seguirà impartint-se en centres públics, és que la nota obtinguda deixarà de comptar per a la mitjana final de batxillerat. Una vegada més, i tractant-se d’un govern progressista, aquesta modificació de llei es torna a quedar immensament curta. En aquesta matèria cal ser valents, aplicar l’article 16.3 de la Constitució, trencar els acords amb el Vaticà i eliminar la religió catòlica i altres de les escoles públiques. Sí que hi ha, en canvi, que defensar l’aprenentatge de la història de les religions com a forma d’entendre les nostres societats. Però per a tal fi està més que preparat el professorat de Geografia i història que, a més, ha accedit a la docència en centres públics a través de processos de selecció objectius.

 

La LOMLOE, com veiem, presenta unes millores respecte a la LOE i la LOMCE, però segueix sent insuficient i necessita millores quant al seu contingut com a les formes de la seua redacció i aprovació. Per això m’agradaria acabar aquesta humil opinió regalant un seguit de propostes per a la ministra Celaá i la resta de membres de l’Executiu perquè ela LOMLOE millore i el 2021 vinga carregat de molta educació pública de qualitat:

 

– Ja n’hi ha prou de redactar projectes educatius des dels despatxos, amb assessors polítics i allunyats de la realitat educativa! Tant aquesta reforma educativa com les que vinguen s’han de fer amb un ampli consens i des de baix. Per això cal que s’armen projectes assemblearis en els centres educatius perquè tota la comunitat educativa pense, debata i decidesca propostes que després faça arribar al ministeri. Cal democratitzar l’educació i construir els seus pilars des de la base: escoles, alumnat, docents i famílies.

 

– Les reformes educatives a nivell estatal i autonòmic han de centrar part dels seus esforços en una necessària i urgent reducció de ràtios a les aules. Només amb això aconseguirem augmentar dràsticament la qualitat de l’ensenyament, una millora de la feina docent que serà més eficient i un treball més proper i més profund amb cada alumne. Com no, per això cal més inversió.

 

– En ple segle XXI és també obligatòria la digitalització completa de totes les aules. No es pot seguir fent classes en espais amb una estructura, distribució i material propi de les classes magistrals i unidireccionals de segle XIX. Vivim en la societat de la tecnologia i, per tant, aquesta ha d’estar present en tots els espais educatius i en tots processos d’aprenentatge. L’alumnat ha d’aprendre a utilitzar correctament aquestes eines i que, a més, li permeten reforçar els seus coneixements i fomentar la curiositat i la creativitat. Però per això, una vegada més, cal més inversió.

 

– Finalment, i potser una de les coses més importants que no s’ha tingut en compte en les últimes reformes educatives, és la necessitat de revisar i actualitzar els continguts curriculars de totes les assignatures al segle XXI i a la societat de la informació. Uns canvis curriculars que aposten més per l’aprenentatge de procediments que de continguts teòrics, per treballar el pensament crític de tot el que succeeix al nostre voltant o veiem per les xarxes socials i que tinga els valors d’igualtat de gènere, empatia i solidaritat com columnes vertebrals de tot el procés educatiu i de tota assignatura i nivell. Però de forma real i no només sobre un paper.

 

Espere i desitge que aquests plantejaments puguen servir d’ajuda i de reflexió i permeten construir una millor educació i una millor societat.

 

PER UN 2021 PLE D’EDUCACIÓ PÚBLICA, DIÀLEG I LLIBERTAT

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