En estos días andamos consternados por lo sucedido en Sueca, el primer episodio de violencia vicaria en este año, si se confirma lo que parece. Cuando estas cosas pasan, todo el mundo se pone a temblar, especialmente quienes nos dedicamos profesionalmente a la violencia de género. Solo pensar que podríamos haber tenido en nuestra mano la posibilidad de evitarlo, pone los pelos de punta. Por eso, la preocupación es mayor cuando más cerca nos queda lo sucedido. Cosas de la naturaleza humana.
Por supuesto, cabe preguntarse qué es lo que falló si se había aplicado la ley y el presunto culpable tenía una sentencia condenatoria por violencia de género y una suspensión del régimen de visitas, conforme a lo que establece la norma. Y hay que preguntárselo no para buscar culpables sino para buscar soluciones, aunque hay personas que insisten más en lo primero que en lo segundo.
Lo que pasó es, ni más ni menos, que también existía una resolución civil que establecía la custodia compartida, porque no hubo comunicación entre juzgados. Y no la hubo por dos razones tan sencillas como apabullantes. La primera, porque no hay ninguna previsión legal ni protocolo que inste a hacerlo. La segunda, más grave todavía, porque aunque se tuviera la voluntad de cruzar datos, no es humana ni tecnológicamente posible, a menos que alguien aporte alguna pista al respecto y eso obligue la consulta por medios tan tradicionales y vetustos como son una llamada de teléfono –o varias- o un fax.
Por supuesto, existe un registro de medidas adoptadas en esta índole –el SIRAJ- pero ni todo el personal de los juzgados está autorizado a usarlo, ni constan todos los procedimientos existentes por violencia de género, solo aquellos donde existe una medida de alejamiento vigente. Pero, además, pretender que todas las demandas de divorcio de todos los Juzgados de Familia de toda España sean sometidas a una consulta previa sería tanto como pretender llegar a la Luna en bicicleta. Por más que pedaleemos, nunca vamos a llegar. Salvo que aparezca ET y nos facilite la faena, Spielberg mediante, claro está.
Que hay que dar una vuelta al sistema, está claro. Pero más claro aún está que hay que revisar las prioridades. Da mucho que pensar el hecho de que Hacienda pueda cruzar todos nuestros datos en un nanosegundo, de modo que ocurran cosas como que no nos devuelva lo que nos corresponde de IRPF porque debemos una multa de tráfico, y Justicia no pueda conectar entre sí Juzgados que solo están separados físicamente por un tabique, o ni eso. Y eso sí es cuestión de prioridades.
De poco sirve una ley que prevea la obligación de suspender unas visitas para los maltratadores, si no hay un modo objetivo de saber que nos encontramos ante maltratadores. Y objetivo sería que existiera un cruce de datos, o una alarma, o cualquier método que no lo fiara todo a la voluntad de las partes o a la casualidad de que alguien, por la razón que fuera, conociera el tema.
No cabe duda de que todo es susceptible de mejorar, y es la única lección que podemos sacar de estos hechos. Que sirvan, al menos, para que no se repitan. Y ahí no solo tienen que ver los juzgados o las leyes. Ahí tiene que ver la sociedad entera. Tenemos que volver al consenso que dio lugar a nuestra ley integral, dejar de usar la violencia de género como un instrumento político y comprender que es un problema social, y muy grave. Por eso no podemos dejar ni un solo día de expresar nuestro reproche a los maltratadores, no podemos permitir que se minimice ni que se frivolice, y menos aun, que se niegue la violencia de género. Nos va la vida en ello.
