La incompetencia en Sanidad cuesta vidas

La opinión de Vicente Navarro, presidente del sector Sanidad de la Unión Provincial de Castellón de CSIF

Tanto la comunidad científica como la OMS reconocen que no existe un tratamiento efectivo contra el COVID. Hoy por hoy la única esperanza para nuestra sociedad es la vacunación. Y, para que sea efectiva para controlar la pandemia es preciso llegar a la denominada inmunidad de grupo, que se alcanza aproximadamente cuando el 75% de la población está inmunizada. Esto es una realidad no discutida.

El panorama de la vacunación en España y, especialmente en la Comunidad Valenciana, está siendo caótico y lleno de improvisaciones. Por una parte, los gobiernos regionales y el Estado solo quieren difundir buenas noticias y un optimismo muy lejos de la realidad, ya que es imposible que a este ritmo de recepción de vacunas en verano se alcance la inmunidad de grupo. Lo peor de todo es que se está engañando deliberadamente a la opinión pública.

Unos simples datos extraídos del “Informe de gestión integral de la vacunación COVID-19” publicado por el Ministerio de Sanidad hoy, que recoge los datos desde el comienzo de la vacunación (27/12/20) hasta el (16/3/21). A nivel del conjunto nacional se han distribuido 7.684.265 vacunas (sumando Pfizer, Moderna y AstraZeneca), lo que apenas cubre al 16.20% de la población (y hay que tener en cuenta además que se requieren 2 dosis para alcanzar la inmunidad). A su vez, este informe contempla los datos desagregados por comunidades autónomas, lo que pone en peor lugar a la Comunidad Valenciana.

El reparto de las vacunas lo realiza el Ministerio de Sanidad y, en este reparto, se está discriminando a la Comunidad Valenciana. Si cruzamos los datos de vacunas repartidas con el de población por comunidades autónomas del INE en diciembre 2020, vemos que la Comunidad Valenciana ha recibido 105.080 vacunas menos que las que le correspondería por población. Mientras, nuestro gobierno valenciano no dice ni “mu”, y permite esta discriminación, que además no responde a razones poblacionales (pues nuestro porcentaje de población mayor de 65 años es similar al de la media nacional), ni tampoco en la incidencia del COVID, ya que desde enero hemos sido, por desgracia, los que más incidencia por habitante hemos tenido de toda España.

A la discriminación en el reparto de vacunas, se suma la nefasta gestión que de las mismas está haciendo la Generalitat Valenciana. Según los datos del Ministerio (se pueden consultar en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm) la Comunidad Valenciana es la peor de toda España en cuanto al porcentaje de dosis administradas respecto de las entregadas. Solo hemos puesto el 68´2 % de las que se nos ha entregado, frente a la media nacional, que es del 76.2 %; o Andalucía, que ha administrado el 83.8%, o La Rioja con el 81.3%. Por tanto, en la Comunidad Valenciana 1 de cada 3 dosis recibidas no se han puesto. Esto es, tenemos 227.071 vacunas en las neveras sin utilizar (diferencia entre 713.840 entregadas y 486.869 administradas).

Tan preocupante como lo anterior es el dato de pacientes a las que se les ha administrado las 2 dosis (pauta completa), solo hay 154.732 personas completamente inmunizadas, esto es, el 3.06% de la población de la Comunidad Valenciana. En ese sentido, con una simple regla de tres vemos que para conseguir inmunizar al 75% de la población (inmunidad de grupo) harían falta falta 5 años y 4 meses.

Por otro lado, se negó la vacunación al personal de la sanidad privada y tuvieron que ser los tribunales los que condenaron a la Conselleria de Sanitat a vacunar de forma inmediata a este personal (demandas presentadas y ganadas por el Colegio de Médicos de Castellón y de Alicante). Si tenemos en cuenta que en nevera, según el propio informe del Ministerio, tenemos 227.071 vacunas sin usar, la negativa a vacunar a este colectivo solo puede responder a razones estrictamente ideológicas y discriminatorias.

El caos organizativo es tal, que esta semana se ha tenido que cancelar en varios centros de salud de la ciudad de Castellón la cita que se había dado a personas mayores de 80 años, a los que que previamente se había citado para recibir la vacuna de la COVID por falta de ésta. Por ello nos preguntamos ¿dónde están esas 227.071 vacunas que no se han administrado y que sí se han entregado por el Ministerio de Sanidad a la Comunidad Valenciana?

Resulta evidente que la explicación es que tenemos los peores gestores y en el peor momento.

El ciudadano de la Comunidad Valenciana se encuentra con un riesgo cierto para su salud y su vida. Un riesgo producido directamente por el COVID y potenciado por la incompetencia de los responsables de la Conselleria de Sanitat, ya que el Presidente Puig consiente que nos entreguen 105.800 vacunas menos que las que nos corresponden por población. Y, además, son incapaces de administrar esas pocas vacunas que tenemos, permitiéndose el lujo de dejar sin poner 227.071 dosis. La pregunta que nos planteamos es consecuencia de estos datos objetivos y no discutidos: ¿Cuántas personas en la Comunitat Valenciana se infectarán, enfermarán y fallecerán por no recibir las vacunas que tenemos sin administrar?. La incompetencia en este caso MATA.

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