‘En la aire’, la ordenanza que regulará en Castelló la sanción por traspasar las cámaras del centro sin permiso

El próximo 1 de noviembre volverán a funcionar las videocámaras tras la última prórroga pero aún no se ha decidido el importe de las sanciones ni su regulación

A quince días vista de la nueva puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia que restringen el tráfico en el centro de Castelló, la ordenanza que debe regular, entre otras cosas, el importe de la sanción por traspasar esos límites sin permiso aún no está aprobada.

Así, aunque el ayuntamiento ya mostró en su momento la intención de rebajar los 200 euros de sanción iniciales, y adaptarlos a una ordenanza específica, a fecha de hoy, no hay noticias. Un hecho que hace sospechar que quizás de nuevo, el consistorio se vea obligado a seguir ampliando plazos de desconexión de cámaras en esa “suspensión temporal” que se anunciara tras la movilización y el descontento creado entre vecinos y comerciantes de la zona.

Por otro lado, en cuanto a la “campaña informativa” que debía estar llegando a la ciudadanía afectada explicando cómo funcionarán esas cámaras, parece, según afirman muchos de los residentes de la zona que no han recibido nada.

Con todo, el portavoz del equipo de gobierno, José Luís López insistía hoy en que “se está tramitando la devolución de las sanciones impuestas”, aunque remitía al área de movilidad a la hora de cuantificar las multas impuestas que se están reclamando.

La denuncia de más de 16.000 multas

Por otra parte, cabe recordar que hace menos de una semana, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, desvelaba que el equipo de gobierno de Amparo Marco “ha impuesto más de 15.000 multas y ha recaudado más de 3,2 millones de euros en concepto de sanciones a través del sistema de videocámaras que se ha instalado en las calles del centro de la capital de la Plana”.

En la nota de prensa tildaba esta cifra de “barbaridad”, argumentando que este dato confirmaba que las videocámaras “son una gran caja registradora que penaliza el acceso al centro de Castellón”.

“Teniendo en cuenta que apenas estuvieron activas dos meses, desde el 16 de febrero hasta el 26 de abril, significa que cada día recaudaron más de 45.700 euros de un total de 235 usuarios, friendo a multas a los residentes en las calles del centro, usuarios que se acercaron a realizar compras y pymes y autónomos que simplemente transitaron por la zona acotada porque tenían que realizar operaciones de carga o descarga de mercancías o prestar servicios”, lamentaba la portavoz del PP en Castelló, Begoña Carrasco.

Asimismo, el departamento de comunicación del grupo municipal popular, adjuntaba a la denuncia de los populares el escrito del ayuntamiento donde constaba esta cifra de sanciones.

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“La puesta en marcha del sistema de control de acceso al casco histórico de Castellón por videocámaras es un gran error. Y menos en estos momentos, cuando todavía estamos inmersos en una pandemia, lo que ha lastrado el consumo en comercios y negocios de hostelería, cuya facturación se ha visto seriamente perjudicada.

En este sentido, Begoña Carrasco recordaba además que hay residentes en la zona que acumularon multas por valor de más de 4.000 euros en apenas 20 días, por el simple hecho de acceder al garaje de su domicilio como siempre lo habían hecho, “ya que ni siquiera se les informó debidamente de la entrada en funcionamiento de las cámaras porque lo hicieron con nocturnidad y alevosía”, a razón de hasta 200 euros por sanción”.

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