No habrá tregua finalmente. Cámara de Comercio de Alicante, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y el Instituto de Estudios Económicos (INECA) acordaron en la tarde de ayer jueves 13 de octubre seguir adelante con su plan de reivindicaciones por el recorte presupuestario del Estado previsto para la provincia en 2023.
La decisión fue tomada horas después de la reunión convocada por la delegada del Gobierno de la Comunitat Pilar Bernabé a la que también asistieron representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. De poco han servido las explicaciones de la represenante del Estado para frenar las protestas, la argumentación de partidas de hasta 75 millones de euros asignadas erróneamente a la provincia de València u otras en capítulos generales, como de infraestructuras hídricas a la empresa pública Acuamed o también a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
La sociedad civil ha dicho “basta” a lo que remontan a 15 años de pérdida de poder adquisitivo en la provincia. Así, no cejarán al plan de acción acordado por las tres organizaciones “mientras no haya cambios materiales que evidencien un cambio en la discriminación a Alicante”, han afirmado en un comunicado conjunto.
El recorte de inversiones del Gobierno de España se ha cronificado, denuncian. Y aportan datos de la reducción “constante” en las partidas previstas para la provincia: 298´78 millones de euros en 2021, 183´65 en 2022 y ahora 160´3 ahora en 2023. Este último dato supone un recorte del 12,3 % en la inversión territorializada en Alicante y el hecho de que somos la última provincia de España en inversión por habitante (85´48 euros por persona, 198´32 euros/habitante por debajo de lo que les correspondería atendiendo al criterio poblacional). Es importante constatar que es el segundo año consecutivo que la provincia de Alicante es la última en inversiones per cápita.
Tras la reunión, en la que también han participado los representantes de las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha afirmado que “pese a agradecer mucho la rápida respuesta de la Delegada del Gobierno, la discriminación que sufre la provincia es muy grave y viene de muy lejos, hasta quince años atrás de déficit acumulado, por lo que no tenemos otra opción que tratar de modificarla por todos los medios a nuestro alcance hasta que realmente veamos cambios materiales en el buen camino”.
El presidente de la patronal alicantina alicantina ha valorado positivamente que gran parte del importe del Convenio suscrito entre el Gobierno Central y la Generalitat vaya a ser destinado a Alicante, pero ha asegurado que “no es una herramienta satisfactoria porque tanto Valencia como Castellón tienen derecho también a recibir la inversión que les corresponde, y esta es una reivindicación en la que vamos de la mano con toda la Comunitat Valenciana”,
El presidente de la Cámara, Carlos Baño, ha insistido en que estos presupuestos “condicionan el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Alicante y, por tanto, nuestro futuro. Existe una deuda histórica que supera los 3.500 millones de déficit inversor, y con este proyecto de presupuestos no sólo no se intenta corregir ese agravio si no que se empeora la situación. Somos la última provincia en inversión per cápita, y eso sin contar una población flotante de casi un millón de personas, que no están empadronados pero que también hace uso de las infraestructuras y los servicios”.
Por ello, ha subrayado, “vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana, que es corresponsable de esta falta de inversión, que solucionen la desigualdad y el maltrato hacia la provincia. No queremos que nos regalen nada, pero sí que nos ofrezcan soluciones y lo que en justicia nos corresponde, porque somos una de las provincias que más aporta a la riqueza nacional con los recursos que generamos gracias a nuestro trabajo”.
Por su parte, el presidente de INECA, Nacho Amirola, ha solicitado a la delegada que el Gobierno de España “enmiende los presupuestos generales del Estado en lo que respecta a la provincia para que las inversiones previstas para Alicante se acerquen en cuantía a la media nacional porque la situación de infrafinanciación se repite, al menos, desde hace casi dos décadas”.
Además, el presidente de INECA ha insistido en “la imposibilidad de hacer un seguimiento adecuado del grado de ejecución de los presupuestos generales y ha reclamado la información detallada partida por partida del grado de ejecución de los presupuestos generales del año 2021”.
CEV, Cámara de Comercio de Alicante e INECA agradecen la atención recibida por parte de la delegación del gobierno, sobre todo, teniendo en cuenta el poco tiempo que han tardado en elaborar la información. En ese sentido, las representantes públicas han informado de diversas partidas presupuestarias que por error técnico deben ser reubicadas en las dotaciones correspondientes a Alicante. También han incidido en que 207 millones de euros del Convenio suscrito entre el Gobierno estatal y la Generalitat Valenciana irán destinados a infraestructuras en la provincia, y han recalcado que existen distintos proyectos que, pese a no estar ahora incluidos, sí deberían figurar en estos PGE 2023 por lo avanzado de su desarrollo. Por todo ello, han expresado su voluntad de diálogo y de continuar trabajando en enmiendas que reflejen estos cambios.
Sin embargo, CEV, Cámara de Comercio e INECA entienden que la situación de agravio Alicante perdura, por lo que mantienen la planificación de acciones conjuntas de reivindicación y comunicación de esta grave discriminación, que lastra el desarrollo socioeconómico de la provincia y el bienestar de su Ciudadanía. Al mismo tiempo, van a trabajar en conjunto para que los distintos partidos presenten enmiendas que equiparen la inversión por habitante a la media estatal en los PGE 2023.
