Tras anunciarlo hace varios meses y mantener hace apenas unos días un encuentro en la Dirección General de la Administración Local de la Generalitat, el consistorio peñiscolano ha dado luz verde y de forma unánime en el pleno municipal, a ejecutar la opción a compra que tiene sobre el Centró de Estudios, espacio que tiene actualmente arrendado a una sociedad estatal de gestión de patrimonio del Gobierno.
Valorado en más de 4 millones de euros, la compra supondrá un desembolso el año próximo de alrededor de 3 millones para la administración local, que ya ha pagado más de un millón a lo largo de los diez años en los que ha liquidado su alquiler con opción a compra.
El alcalde, Andrés Martínez, ha explicado que el Ayuntamiento está ya valorando las distintas convocatorias públicas y confirmado que optará a fondos europeos para financiar la inversión.
La corporación ha aprobado también en el mismo pleno su compromiso con un nuevo convenio con Generalitat Valenciana para la rehabilitación, en tres años, de los edificios con los que cuenta el recinto y que está en desuso; con el objetivo de centralizar en ellos las dependencias del Ayuntamiento. Este convenio facilitará al consistorio más de tres millones de euros para la reconstrucción de los edificios y, probablemente, se suscriba por las dos partes a finales de este verano.
En esta primera anualidad se prevé licitar la redacción del proyecto para lo cual el Ayuntamiento consiguió una aportación de la administración autonómica, contemplada ya en el presupuesto de 2022, de un total de 200.000€.
“Vamos a recuperar la totalidad del recinto y devolverle a los peñiscolanos lo que nos arrebataron hasta en dos ocasiones, para convertirlo en un espacio al servicio de la ciudadanía” ha insistido Martínez, que se ha mostrado muy contento por el acuerdo que está en vías de cristalizar, para el cual es requisito indispensable haber aprobado por pleno la voluntad de ejecutar la opción a compra del recinto por parte del Ayuntamiento.
El final de un largo proceso
El edil del área de Urbanismo, Jorge Rovira, ha querido recordar “la terrible jugarreta que nos hizo el Gobierno poniéndole precio a este espacio en lugar de cederlo al pueblo”, haciendo referencia a la enajenación que la administración estatal llevó a cabo para el recinto a beneficio de la empresa pública de gestión patrimonial Segipsa, con la cual el Ayuntamiento debió llegar a un acuerdo de alquiler para poder entrar y emplear este espacio hasta entonces cerrado y ubicado en pleno centro, con el cual se crearon 400 plazas de parking por parte del consistorio y en el que se ha rehabilitado ya uno de los tres edificios, “con su total recuperación podremos destinar a usos culturales y museísticos las actuales dependencias municipales en nuestro casco antiguo, concentrando los servicios públicos en los edificios del propio recinto, tal y como hicimos con los Servicios Sociales municipales”, ha recordado Rovira.
