El concejal de Compromís Pere Fuset ha sido absuelto por el accidente laboral de Viveros en el que falleció un trabajador durante el montaje de las gradas. La celebración del juicio prevista para este lunes ha finalizado con conformidad entre las partes.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo entre las aseguradoras, la acusación particular y el ministerio público y el concejal ha resultado absuelto, mientras que los otros cuatro acusados han sido condenados a un año y tres meses de prisión por un delito contra la vida y salud de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio imprudente.
La conformidad ahora supone que se suspenda esa pena y los acusados –responsables de las empresas encargadas del montaje de las gradas– abonen una indemnización a la familia del fallecido de 5.000 euros cada uno en el plazo de un año con la condición de no cometer delito en el plazo de dos años a contar desde el día de hoy.
Además, las aseguradas indemnizarán a la familia de la víctima con 220.000 euros, mientras que los cuatro acusados, a excepción de Fuset, pagarán otros 20.000 euros en total en un plazo máximo de un año. Las defensas han solicitado que se suspenda el ingreso en prisión de sus representados y las acusaciones no se han opuesto.
La vista, a la que Fuset ha acudido acompañado de cargos de Compromís como la portavoz en Les Corts, Papi Robles, y la secretaria general de Més (antiguo Bloc), Àgueda Micó, ha arrancado tras una hora de espera por el acuerdo de las partes.
Los hechos por los que Fuset se sentaba en el banquillo se refieren al accidente laboral en el que un trabajador falleció durante el montaje e instalación de las gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros de València en el verano de 2017.
La Fiscalía sólo acusaba a los responsables de las empresas encargadas del citado montaje al considerar que habían incurrido en delitos contra la vida y la salud de los trabajadores y en homicidio imprudente. Les pedía tres años de prisión, además de una indemnización.
Tanto el juez instructor como posteriormente la Audiencia de Valencia consideraron que la aceptación de la instalación de las gradas por terceros, que no habían participado en el concurso, fue una decisión de Fuset “al margen de cualquier procedimiento administrativo, lo que desencadena la instalación de las gradas sin la necesaria seguridad“.
La Fiscalía, sin embargo, valoró que el edil no podía saber qué medidas de seguridad eran las pertinentes si los técnicos no le informaban previamente.
En definitiva, que firmó porque pensaba que era lo correcto. A causa del siniestro, la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València una sanción “muy grave” de 40.000 euros.
