Pérez Garijo trabajará para que “los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica se devuelvan a la ciudadanía valenciana”

La Conselleria de Calidad Democrática pedirá al Gobierno central que detalle los inmuebles arrebatados al patrimonio público.

AVL

La consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha asegurado que desde el Gobierno valenciano “trabajaremos porque los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica devuelven a la ciudadanía valenciana”.

Así se ha pronunciado la consejera Pérez Garijo después de hacerse público el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, una información que, tal como ha explicado la consejera, “ya había solicitado la Generalitat hace meses en el Gobierno central”.

“A partir de ahora -ha explicado la consejera de Calidad Democrática- averiguaremos qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permiten recuperarlos para las arcas públicas que es donde siempre tuvieron que estar”.

Para lo cual, la Conselleria de Calidad Democrática pedirá en el Gobierno central que detalle qué de los 912 inmuebles autos certificados por la Iglesia Católica en la Comunidad Valenciana fueron arrebatados al patrimonio público.

La consejera ha recordado que en enero de 2020 “solicitamos al Ministerio de Justicia un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en la Comunidad Valenciana para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público”.

Posteriormente, en el mes de julio, se envió una carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública adscrita al Ministerio de Justicia donde la Conselleria de Calidad Democrática pidió la información que ayer hizo pública el Gobierno central y que ha venido a confirmar la existencia de cerca de 35.000 bienes inmatriculados en toda España entre 1998 y 2015, de los cuales 912 se encuentran en la Comunidad Valenciana.

En la misiva, la consejera argumentaba que el fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles “ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de ningún dominio, mediante un procedimiento de auto certificación”.

De hecho, tal como recoge el escrito remitido en el Gobierno central el pasado mes de julio, entre 1996 y 2015 esta posibilidad de auto certificación continuó manteniéndose a través de modificaciones legislativas en 1996 y 1998 “bajo preceptos que difícilmente pueden sostenerse a causa de su inconstitucionalidad”.

De hecho, con la modificación de la Ley Hipotecaria en 1998 se permitió la inscripción de bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica con una certificación del órgano diocesano correspondiente, “lo cual ha derivado en la privación a las valencianas y valencianos de la utilización de estos bienes inmuebles en todo este tiempo, además de perderse la rentabilidad patrimonial que habría podido derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas”, afirmaba Pérez Garijo.

Hay que señalar que no es hasta 2015, con la aprobación de la Ley de 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho Público la facultad de auto certificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles.

 

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