El equipo de gobierno municipal de Burriana propondrá en el Pleno de esta tarde, para su debate y aprobación, una moción que insta a las entidades bancarias a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, para “facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en especial, a las personas mayores y a las personas con diversidad funcional”, según ha adelantado la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont.
Desde el gobierno municipal de Burriana, ha asegurado Safont, “queremos poner de manifiesto la falta de ética por parte de algunas entidades con el abandono de servicios y la aplicación de cuotas abusivas. Sin duda, estamos ante una situación de maltrato a los colectivos más vulnerables y, por extensión, a la población en general”.
Por ello, ha continuado, “es preciso que incorporen iniciativas alineadas con los criterios y valores de la Responsabilidad Social y, si no, que las administraciones públicas, como garantes de los derechos de la ciudadanía y en su representación, legislen y regulen una normativa bancaria más justa y solidaria, especialmente para las personas más vulnerables”.
En la moción, ha destacado la alcaldesa, “también pedimos que no se cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer de forma autónoma las diferentes gestiones en los cajeros automáticos” y, además, que se aplique “una tarifa social en cuanto a las comisiones, en función de las características de cada cliente”.
Igualmente, ha continuado Safont, “reclamamos que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades sean transparentes y comprensibles, y que haya claridad en la redacción para no confundir a las personas en la contratación de productos que desconocen o incurrir en gastos innecesarios y abusivos”.
Por todo ello, el gobierno municipal solicitará que Burriana sume su voz para pedir que “si las entidades bancarias no son capaces de dar solución para atender las necesidades de su clientela, especialmente, en los casos de riesgo de no poder ejercer sus derechos como consumidor por situaciones concretas de vulnerabilidad, tendrán que ser los poderes públicos competentes los que aseguren la asunción de estos compromisos de manera reguladora”.
Situación
Según explica el texto de la moción, la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales a la población se han reducido de manera extraordinaria en los últimos quince años, un proceso derivado entre otras causas de la digitalización, la fusión de entidades bancarias y el cierre incesante de oficinas. Todo agravado todavía más por la implantación de la cita previa, las limitaciones de acceso a las oficinas y las restricciones de horarios de atención a las personas por la pandemia.
En la iniciativa se reconoce que se trata de una situación que afecta a la población en general, pero que empeora especialmente en los colectivos de personas mayores y a personas con diversidad funcional, que ven vulnerados sus derechos por la falta de una atención específica de manera adecuada y segura.
También pone de relieve que la banca en línea, la reducción de personal, la limitación de horarios de atención al público y la derivación hacia la cita previa y los gestores obliga a operar a través de cajeros automáticos, del teléfono móvil y del ordenador.
Básicamente, la moción evidencia que “nos encontramos ante el abuso de algunas entidades que exigen condiciones, ligadas al cobro de comisiones, para atender necesidades básicas, por el mantenimiento de las cuentas o para sacar dinero en efectivo”.
Además, refrenda que las libretas, que normalmente son el único medio a través del cual el colectivo de mayores pueden visualizar las cuentas, están en proceso de desaparición, obligándolos a sustituirlas por tarjetas de crédito o débito, y negándoles el derecho básico a la información por parte del cliente.
Administraciones
A esta situación de las entidades bancarias, la moción municipal añade que otras entidades, entre las cuales señala la Administración Pública y la Administración Local, han replanteado la atención al público con la implantación de la cita previa y el impulso de la administración digital, debido a la pandemia y a los problemas de contratación de nuevo personal. Cuestión que, según reprocha el escrito, ha incidido negativamente en los grupos de personas vulnerables como consecuencia de la brecha digital.
Así, propone que en estos momentos en que la evolución de la pandemia permite divisar un horizonte de normalidad en un futuro próximo, las administraciones públicas, y particularmente el Ayuntamiento de Burriana, “tiene que garantizar la equidad entre la ciudadanía en cuanto al acceso, la información, los pagos y, si hace falta, disponer de personal que asesore y facilite el acceso a las personas que lo necesitan, manteniendo la vía telemática sin que suponga una barrera para el cumplimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía”.
