El pleno del Tribunal Constitucional resuelve este lunes si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio alto tribunal. El Gobierno confía en que ese choque no llegue a producirse y que los magistrados permitan la votación del jueves en el Senado.
Sobre la mesa, si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado, decisión que el alto tribunal pospuso el jueves y que puede abrir una crisis institucional.
En un pleno extraordinario se abordará el recurso de amparo presentado por el PP donde pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El jueves se sorteó el choque con el Congreso, donde se aprobó la reforma, pero esta semana la iniciativa, recurrida por le PP, se tramita en el Senado.
La Cámara Alta ya ha fijado su agenda para esta semana, con la iniciativa en una Comisión de Justicia el martes y en el pleno el jueves, pero todos los ojos vuelven a estar en el Constitucional.
Dada la fragmentación del tribunal en este asunto, si se abstienen los números serían favorables al sector progresista, por cinco a cuatro, por lo que esta cuestión puede resultar crucial para el desenlace de la cautelarísima y del fondo del recurso.
Ahora bien, si no se abstuvieran y se admitieran a trámite las recusaciones, habría que nombrar un ponente para redactar una resolución relativa a los dos magistrados, una cuestión que por normal general lleva meses.
A ello se suma que Vox ha seguido los pasos del PP y pide la suspensión de la iniciativa parlamentaria, mientras que el grupo socialista y Unidas Podemos solicitan personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier cautelar que afecte al trámite legislativo.
A la espera de lo que decida el TC, el Senado ya ha incluido la proposición de ley en su agenda semanal.
Porque el TC puede bien denegar la cautelarísima, en cuyo caso la reforma podría ser aprobada de forma definitiva el jueves en la Cámara Alta, o estimarla e impedir la tramitación de la iniciativa, lo que desencadenaría una crisis institucional sin precedentes.
El Tribunal debe estudiar los informes presentados por PSOE, Vox y Unidas Podemos y la petición de esta formación para que sean recusados dos magistrados -el propio presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez- afectados directamente por la reforma, ya que tienen el mandato caducado y saldrían del Constitucional si se aprobara.
Las fuentes apuntan que el debate podría situarse en las recusaciones planteadas por Unidas Podemos. El partido ‘morado’ cree que tienen un “interés directo” porque serían los dos magistrados reemplazados por los dos aspirantes nominados por el Gobierno –el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– si la reforma queda aprobada.
Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación concreta que contempla plazos de varios días, un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado aprobara en su Pleno del próximo jueves la proposición de ley que elimina la sedición y todas sus enmiendas, incluidas esas dos.
En consecuencia, las recusaciones se han convertido en la principal baza para lograr que el Parlamento apruebe la reforma antes de que el Constitucional pueda evitarlo.
