El Partido Popular de la ciudad de Castellón, con su portavoz Begoña Carrasco al frente, ha mantenido una reunión con los vecinos de la calle Asensi y adyacentes afectados por la implantación del ‘Castellón Central’.
Un proyecto, “impuesto” por la alcaldesa Amparo Marco, igual que la reforma de la avenida de Lidón, que prevé cerrar 745.000 metros cuadrados de casco urbano, prohibiendo el paso a los vehículos “que dificultará, todavía más, la accesibilidad al centro”, denuncia.
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) rebautizada como ‘Castellón Central’, contempla 745.000 metros cuadrados de superficie perimetrada por las rondas Mijares y Magdalena, por el Oeste; Cerdán de Tallada, por el Norte; por Sant Roc, Sant Félix, Gobernador y Casalduch, por el Este y por Orfebres Santalínea, por el Sur.
En a la reunión estuvieron presentes los concejales del PP Juan Carlos Redondo, Sergio Toledo, Susana Fabregat y María España. “En la reunión hemos informado a los vecinos de un proyecto que el equipo de gobierno no tiene ningún interés en dar a conocer, que suscita incertidumbre y malestar a la vez por la magnitud del cambio que va a suponer en la vida diaria de residentes y comerciantes del centro”, explica Carrasco.
Por su parte, Juan Carlos Redondo ha insistido en que “se ven afectados sobre 23.000 vecinos de 6.000 viviendas repartidas entre la calle Asensi, Temprado, Fola, Sagasta o Herrero. Se necesitarán 4.320 plazas de aparcamiento disuasorias para dar solución a los vecinos afectados de la zona centro. El ‘Castellón Central’ contempla al menos el funcionamiento de 24 videocámaras de control de vehículos (11 de salida y 13 de entrada) que también multarán a quienes accedan sin permiso“.
Al respecto de las cámaras, Carrasco apunta: “El ‘Castellón Central’ expulsa a los vehículos de un centro que se asfixia. El gobierno se gasta 2 millones de euros en cámaras para seguir multando, como las que ya lo hacen en el centro a razón de 80 euros. El equipo de gobierno lleva acumuladas desde enero 65.479 sanciones, que si las hubieran cobrado todas supondría un montante de 5,2 millones de euros. Si quieren controlar el acceso de vehículos al centro, hay alternativas que no vacían el bolsillo de los castellonenses, como por ejemplo los bolardos”.
“Decimos ‘No’ al ‘Castellón Central’. No es momento de seguir poniendo palos en la rueda a los comerciantes que en plena crisis inflacionista y sin acabar de recuperarse de las pérdidas por la pandemia, realizan grandes esfuerzos por mantenerse en pie. No es momento de perjudicar a los residentes y a las empresas de servicios que ya sufren el sistema abusivo de las cámaras del centro teniendo que justificar a posteriori para que les quiten la multa. Ni tampoco es momento de seguir vaciando el bolsillo de los castellonenses friéndoles a multas con las cámaras”.
El Partido Popular defiende una ciudad accesible, cómoda, sostenible que ofrezca alternativas y haga atractivo venir al centro. “La ronda de reuniones que iniciamos con los vecinos de la calle Asensi tendrá continuidad para informar a todos los afectados. Si el gobierno no quiere contarles la verdad, lo haremos nosotros”, concluye Begoña Carrasco.
