La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, instará al resto de grupos políticos en el Pleno de este jueves a apagar el sistema de videocámaras de control de la movilidad del tráfico en el casco histórico y trasladarlo a la Marjaleria, con el objetivo de acabar con los vertederos ilegales de basura.
“De esta manera planteamos acabar con dos problemas a la vez, por un lado con el sistema recaudatorio y abusivo que suponen las multas a razón de 80 euros cada una, cuando el control de acceso de vehículos al centro estaría resuelto con el sistema de bolardos, tal y como había antes y, por otro lado, acabar con los comportamientos irresponsables de tirar todo tipo de residuos en lugares donde no está permitido, que acaban convertidos en puntos negros e insalubres”, explica Begoña Carrasco.
La medida de utilizar cámaras de vigilancia conectadas con la Policía Local para mantener en buenas condiciones los espacios públicos ya ha sido adoptada por Ayuntamientos como Almassora o Vila-real y “podría ser la solución a las múltiples quejas por falta de limpieza que vienen denunciando los vecinos, especialmente en la Marjalería”, insiste Carrasco.
La iniciativa plenaria que han presentado los Populares pretende, además, recabar el apoyo del resto de los grupos para dotar de los servicios y las inversiones que demandan los vecinos de la Marjalería. “Solicitaremos más presencia policial en la zona y un plan de pavimentación integral de caminos que mejore la seguridad. También pedimos intensificar la limpieza en los márgenes y en las acequias, así como la apertura permanente del consultorio médico para atender a los 15.000 vecinos que residen en más de 4.000 viviendas de esta zona”, apunta Begoña Carrasco.
La queja generalizada entre los marjaleros es que en los últimos seis años no solo no se han llevado actuaciones de calado que mejoren su calidad de vida y las condiciones de las infraestructuras y servicios de los que disponen, sino que la aprobación del Plan General Estructural ha venido a añadir un problema más: el de la inseguridad jurídica respecto a su situación legal en materia urbanística.
Tras la modificación en la clasificación del suelo, que ha llevado a cabo el equipo de gobierno municipal, muchas de las zonas que hasta la fecha estaban consolidadas como urbanizables, han pasado a ser suelo rústico o protegido. Una situación a la que se añade la puesta en funcionamiento de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que estará especializada en el rastreo de viviendas ilegales.
“Pensamos que es posible compatibilizar el uso residencial de la zona con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, en un entorno tan sensible como es el de la Marjalería. Se trata de dos factores complementarios y no excluyentes”, insiste Begoña Carrasco.
Por último , los Populares también instarán a diseñar un plan de mejora de la señalética en la Marjalería, con el fin de divulgar los valores ecológicos y medioambientales de la zona, habilitando rutas turísticas y espacios de interés natural para concienciar a los ciudadanos en su protección y favorecer el conocimiento de la zona.
