La portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, anuncia que el jueves en el Pleno instará a los grupos políticos a pedir, desde el consenso y la unanimidad, una moratoria en la aplicación de al Ley de implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Castellón, más conocido como ‘Castellon Central’.
Según apuntan, el objetivo que persigue la moción de los populares es que los efectos negativos que comportará a los comercios, negocios de hostelería, residentes y empresas de servicios el hecho de cerrar al tráfico 745.000 metros cuadrados y controlar el acceso mediante el sistema sancionador de cámaras, que ya multan en el centro, se retrase en el tiempo y, al mismo tiempo, abrir un proceso de participación ciudadana para decidir entre todos la zona restringida al tráfico rodado donde deberían incluirse los viales que ya son peatonales.
“Hay municipios, como Vila-real, igual de afectados por esta Ley que han anunciado que solicitarán una moratoria conscientes del daño que va a causar al comercio. Decimos ‘sí’ a una ciudad más sostenible, pero ‘no’ en los términos de imposición que sigue el gobierno municipal de Amparo Marco.
Tras hablar con hosteleros, comerciantes, residentes y vecinos en general, nos reafirmamos: no es ni el momento, ni la forma adecuada de implantar la Zona de Bajas Emisiones, totalmente de espaldas a los afectados, como se está haciendo”, explica la portavoz del PP, Begoña Carrasco.
“El próximo jueves instaremos al Pleno al consenso para llevar a cabo la solicitud de esta, con el fin de que los efectos negativos que comportará en comercios, negocios de hostelería, residentes y empresas de servicios se puedan suspender en el tiempo y, mientras, consensuar, entre todos, la superficie que debería acotarse. Por último, instamos a aprovechar las calles que ya son peatonales y limitadas al tráfico rodado con el fin de que computen como zonas de bajas emisiones minimizando los problemas de movilidad. Y todo, con el doble objetivo de conseguir una ciudad más sostenible, pero ajustada a las necesidades reales y aspiraciones del conjunto de castellonenses”, añade.
El equipo de gobierno sigue cumpliendo trámites y adjudicando contratos en todo lo referente al proyecto de cierre al tráfico y peatonalización de los 745.000 metros cuadrados de toda la trama urbana, caso de la adjudicación de la redacción de los anteproyectos o el suministro de las videocámaras y el sistema tecnológico que se encargará de vetar el acceso de los vehículos dentro de dicho perímetro, contrato este último que está valorado en más de 2 millones de euros.
Sin embargo, “no se ha iniciado ningún proceso de participación ciudadana para que los castellonenses puedan opinar al respecto, no han podido pronunciarse respecto a cómo quieren que sea ese espacio acotado, viendo que en otros municipios afectados por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética se va a aplicar de una manera tan drástica como en Castellón”, lamenta Carrasco.
En el pleno del 26 de mayo de 2022, el Partido Popular presentaba una iniciativa plenaria en forma de moción en la que instaba al equipo de gobierno municipal a poner en marcha un plan de exposición pública y participación ciudadana real, pero el equipo de gobierno desestimó la propuesta alegando que estaba contemplada la participación ciudadana. “No ha sido así y, por eso, volvemos a insistir en abrir foros de participación vecinal para que los castellonenses puedan opinar y decidir el futuro de su ciudad”, recuerda.
Hay que recordar que la Zona de Bajas Emisiones, en la práctica, va a suponer el cierre a la circulación de los vehículos a motor de todo el centro de Castellón, concretamente de un área de 745.000 metros cuadrados, la superficie comprendida entre la calle Cerdán de Tallada (al norte), las calles San Roque, Sanahuja, Gobernador, Guitarrista Tárrega y la avenida Casalduch (al este), calles Orfebres Santa Línea y Lepanto (al sur) y rondas Mijares y Magdalena (al oeste), con el objetivo claro de reducir las emisiones contaminantes en más de un 40% con respecto al actual dato y el tráfico, tanto público como privado.
Según los análisis de la movilidad del tráfico de vehículos aportado en el anteproyecto 2, la suma de los vehículos que circulan por las calles afectadas es de 62.099 al día de lunes a viernes, y de 35.899 los sábados y domingos, lo que arroja una suma de 97.988 vehículos semanales.
Asimismo, las medidas restrictivas van a afectar a la accesibilidad a una medida de 6.515 plazas de aparcamiento, distribuidas entre 2.568 plazas públicas de rotación y 3.947 privadas de residentes, teniendo en cuenta que, según los cálculos y consideraciones de carda al dimensionamiento de las necesidades de aparcamiento, se establecen como necesidad de plazas de aparcamiento en 4.320 plazas en la calle y 8.680 plazas en edificio privados, dos datos que distan mucho de las cifras actuales.
