El Grupo Popular en Les Corts Valencianes ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que insta al Consell a elaborar, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, un protocolo marco para los ayuntamientos destinado a la detección, asistencia y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género.
Así lo ha explicado la portavoz de Igualdad del GPP, Marisa Mezquita, quien ha señalado la importancia de dotar de medios, tanto económicos como de personal, a los ayuntamientos para poder atender a las víctimas de violencia de género.
“En lo que llevamos de 2021 una veintena de mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género. Mayo y junio han sido meses especialmente dolorosos y en la Comunitat Valenciana se han registrado las primeras víctimas del año. Es necesario, por tanto, poner todos los medios a disposición para hacer frente a esta lacra y para poder atender a las víctimas”, ha manifestado.
Así, Mezquita ha señalado que los ayuntamientos “son una parte activa y fundamental en el desarrollo de actuaciones encaminadas a la lucha contra la violencia de género”. Según los datos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) la mitad de las mujeres asesinadas en 2021 vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes.
“Además, por su proximidad a la ciudadanía, también se convierten en un servicio cercano para la población y, por ende, para las mujeres susceptibles de estar sufriendo violencia machista, que se acercan a ellos en busca de información o de recursos asistenciales vitales para salir adelante”, ha indicado.
Protocolo actuación
“No obstante -apunta Mezquita- no todos los ayuntamientos cuentan con las mismas condiciones y hay algunos que ni siquiera disponen de un protocolo a seguir en la atención”.
De ahí la iniciativa, en la que se solicita no solo la elaboración de un protocolo, sino garantizar la dotación económica necesaria para implementar recursos formativos especializados en la detección y atención.
Además, instan al Gobierno de España a aumentar las transferencias e iniciar una revisión de consenso con el respaldo de la FEMP que garantice que “los municipios reciban los recursos necesarios”.
