La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el expresidente de la Diputación con el PSPV y alcalde de Ontinyent con La Vall Ens Uneix, Jorge Rodríguez, y otros nueve encausados (de un total de 15) contra el auto del Juzgado de Instrucción 9 que les procesó por las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra, en el marco del denominado ‘caso Alquería‘.
La sala confirma así la existencia de indicios racionales de criminalidad y concluye que las alegaciones expuestas por los recurrentes han de ser dirimidas en la fase de juicio oral “conforme a los principios de oralidad, contradicción e inmediación”.
El tribunal entiende que el auto recurrido está suficientemente motivado, ya que realiza un relato fáctico suficiente “a los efectos de determinar los posibles hechos que se consideran típicos”, al tiempo que “identifica a las personas contra las que se dirige el procedimiento”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Rodríguez pidió el sobreseimiento de las actuaciones por el caso Alquería al negar tanto haber cometido ninguna ilegalidad y como la existencia de intereses partidistas en las contrataciones de directivos en Divalterra.
El magistrado instructor de la causa aprecia indicios de malversación y prevaricación por la presunta simulación de contratos en Divalterra para favorecer a afines del PSPV y Compromís y cifra en 1.122.095 euros el perjuicio paras las arcas públicas.
Además de Rodríguez están procesados sus entonces asesores en la corporación provincial, Ricardo Gallego y Manuel Reguart; el que fuera secretario-letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda, los exgerentes José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón y Agustina Brines y siete de los altos directivos contratados.
