Mientras el tema de la salud mental cobra cada día más actualidad y los partidos políticos hacen propuestas numéricas sobre con cuantos profesionales de este sector se debería contar para que la población estuviese atendida adecuadamente, el panorama en los centros penitenciarios parece regirse por unas normas que rozan la pura supervivencia.
El hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, como núcleo específico para reclusos con enfermedad mental diagnosticada, cuenta con dos únicos psiquiatras para atender a una población reclusa de cerca de 300 personas.
Sin embargo, estos dos profesionales de la psiquiatría no representan ni la tercera parte del personal que correspondería. Según apunta a Diario de Alicante el portavoz de Acaip UGT, Joaquín Leyva, “al hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent le corresponderían en función de la población que atiende, siete psiquiatras”. Así, con esta cifra como referencia, resulta casi imposible imaginar de qué manera se puede sobrevivir con estas condiciones y cuáles pueden llegar a ser las situaciones generadas por esta marcada carencia.
De hecho, aunque la reivindicación no es nueva, con el aumento de las afecciones vinculadas a la salud mental en la sociedad fuera de los muros de los centros penitenciarios, quizás resulta más fácil imaginar la crudeza de este panorama que, por el momento parece tener muy lejos la solución.
La medicación en los centros penitenciarios
Siguiendo con el listado de deficiencias y carencias médicas en salud mental, dentro el complejo universo de los centros penitenciarios, a la falta de psiquiatras en estas unidades hospitalarias, le sigue muy de cerca la carencia de médicos y por tanto la administración de ciertas medicaciones crónicas a los reclusos.
Aún sin disponer de cifras oficiales, se calcula que alrededor de un 30% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno psicológico. Es decir que una de cada tres personas que cumplen condena está aquejada de problemas vinculados a la salud mental. Esto implica que las medicaciones consideradas psicotrópicas son algo muy habitual.
Sin embargo, pese a la necesidad del control y la constancia en la administración de la mayoría de estos fármacos, la falta de personal médico hace que se complique mucho el reparto, en especial, en festivos, puentes o fechas señaladas. “Debido a estas carencias, muchas veces se complican las situaciones, porque un recluso al que se le retrasa este tipo de medicación, dado que es imposible con el personal que somos llegar a todo, puede tener alguna alteración del comportamiento, con lo que eso implica”, comenta Leyva.
Y es que a la carencia de médicos, un problema cronificado que viene de lejos y que entre otras cuestiones esconde una falta clara de la “delimitación entre competencias sanitarias”, como apuntant desde Acaip, se le suma el aumento y la complejidad de los problemas de salud mental.
Una peligrosa mezcla que está adquiriendo una gravedad cuyas consecuencias trascienden ya con demasiada frecuencia a las secciones de sucesos de los medios de comunicación. Un hecho sobre el que estos días, en vísperas del 10 octubre, jornada dedicada a la salud mental, se pone el foco. No obstante, falta saber si esta vez servirá para algo o de nuevo tendrá que ser una fecha o un suceso lo suficientemente noticiable y dramático el que haga volver de nuevo la mirada y escudriñar entre el hermetismo oficial y el pacto tácito de silencio que parece haber acompañado siempre, hasta ahora, lo que pasa en ese mundo, para muchos, tan desconocido como ignorado.
