El Puerto de València aprueba la prórroga del Consorcio sin la Estación Marítima y el Varadero

La prórroga será hasta el 31 de diciembre de 2023, salvo que antes de esa fecha finalice el proceso de liquidación en el que se encuentra el Consorcio València 2007

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha aprobado esta mañana otorgar una prórroga de un año al CONSORCIO VALÈNCIA 2007, ya en liquidación para que gestione hasta el 31 de diciembre de 2023 los espacios de la Marina del Puerto de València.

La prórroga se otorga sobre la autorización que el Consorcio obtuvo el 23 de julio de 2001, y será de un año, a contar desde el 1 de enero próximo, a no ser que antes del 31 de diciembre de 2023 finalizase el proceso de liquidación en el que se encuentra el Consorcio València 2007 o se otorgará – por concurso –  un nuevo título de ocupación del dominio de los espacios que actualmente conforman la actual Marina de València.

La resolución aprobada esta mañana afecta a un área ligeramente inferior a la que hasta ahora venía gestionando el Consorcio. La diferencia se refiere a que se ha retirado la antigua Estación Marítima y el edificio del Varadero, dos locales en la zona de la Marina Sur que se habían quedado sin título y otros pequeños ajustes; todo ello acordado con el Consorcio Valencia 2007 y con el Ayuntamiento de València.

En la reunión, en la que el alcalde también ha participado de forma virtual, Joan Ribó ha confirmado que “esta noticia es importante para tranquilizar a todas las empresas y al personal que trabaja y para que La Marina continúe su trabajo de cara a la ciudad y para acercar el puerto a la ciudad y la ciudad al puerto”.

Al acabar la reunión del Consejo de Administración, Ribó ha confirmado que “acabamos de ratificar la prórroga durante un año para La Marina de València, que habíamos acordado previamente con el Ministerio de Puertos y Transportes”. El alcalde ya avanzó en la última reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València que “el objetivo fundamental, a la hora de definir la fórmula para la gestión de la Marina de València, es preservar la protección y la estabilidad de los puestos de trabajo y la continuidad en la actividad económica y de innovación”.

El alcalde ya avanzó en la mencionada reunión que “la prolongación del funcionamiento del Consorcio por un año será una salida provisional mientras buscamos una solución definitiva” y, a preguntas de los periodistas, se mostró partidario de una gestión participada a tres entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio.

Cabe recordar que el Consejo Rector del Consorcio València 2007 aprobó el pasado mes de mayo la disolución del organismo, tal como exigían los estatutos, después de la salida del Estado de la entidad. En la práctica, sin embargo, la prórroga que hoy se ha ratificado supone la paralización del proceso de liquidación del Consorcio València 2007, la entidad encargada de coordinar la actividad de La Marina.

Con la decisión de hoy, La Marina mantendrá su funcionamiento y garantizará así la seguridad jurídica de toda la plantilla, así como la de las entidades concesionarias y las empresas hasta que se constituya un nuevo órgano gestor.

L’alcalde de València, Joan Ribó, es reunix amb la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro

Ampliación portuaria

Por su parte, el alcalde se ha reunido esta mañana en alcaldía con la consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, una reunión en la que también ha participado el director general de Medio natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat, Julio Gómez.

Ribó y Navarro han compartido su preocupación por la ampliación del puerto de València y su impacto medioambiental, especialmente sobre l’Albufera y las playas del sur de la ciudad. Los dos han abordado también la situación en que se encuentra la ampliación después de que una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid le haya retirado al puerto de València su capacidad para decidir sobre la declaración de impacto ambiental de la ampliación.

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