Tras la posibilidad de rebajar la edad penal de los menores, en los delitos sexuales, que lanzaba este lunes, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, hoy responsables públicos del ámbito político exponían sus posturas en un sempiterno debate que reaparece con carácter cíclico.
De momento, ni consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ni la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, secundan la propuesta de Gisbert. Y cada una con su argumentación discrepan de una medida que, pese a las puntualizaciones que hacía la fiscal, que hablaba de “sanciones reeducativas”, no parece que les convenza.
Bravo, aseguraba que “antes de abordar una rebajada de la edad penal para aplicar el Código Penal y la Ley Penal del Menor a los niños” se debería “buscar otras posibles vías” de actuación y “abrir una reflexión amplia”. “Yo nunca he sido partidaria, ante un problema social, de una respuesta penal”, agregaba.
Aunque “hay muchas medidas educativas en la Ley Penal del Menor, también hay medidas represivas” como “privaciones de libertad”, agregaba.
¿Hasta qué edad y en qué delitos?
Gabriela Bravo se preguntaba también hoy en su argumentario “hasta cuándo” bajar la edad penal. También la consellera ha comentado que “cuando es un menor el autor de delitos que afectan a la vida, a la integridad física” o a los relacionados con “agresiones sexuales” –cuestiones que según ha dicho “siempre alcanzan una dimensión social y un impacto mediático mayor”–, tras detectarse –como señala la Fiscalía, ha apuntado– “un incremento del número de agresiones sexuales o de comportamientos más violentos”, y “antes de aplicar medidas penales”, debería plantearse “dónde está el problema”.
“Entonces, ¿hasta cuándo bajamos la pena? ¿por qué a los 12 años? ¿y si pasado mañana es un menor de siete años el que asesina a su padre, aplicamos también la Ley Penal del Menor a los niños de siete años”, ha preguntado la consellera.
Tras ello, Bravo ha apuntado que le parece “muy acertada la reflexión de la Fiscalía” por lo que respecta a las “medidas educativas”, pero ha reiterado que aunque “hay muchas medidas educativas en la Ley Penal del Menor también hay medidas represivas” y ha aseverado que “contempla privaciones de libertad de hasta siete años”.
“Creo que en este caso, desde el área de protección, se debería trabajar también de una forma más integral con los padres y con los niños para evitar que esto suceda. Tendremos que plantearnos nuestro propio modelo educativo, nuestros propios valores y también los riesgos a los que están sometidos los niños”, ha agregado.
Puig elude posicionarse pero insiste en la prevención
Mucha más neutro, en cambio ha estado el President de la Generalitat, Ximo Puig que ha eludido tomar partido abiertamente sobre esta cuestión. Preguntado al respecto, ha mostrado “su gran respeto” por Teresa Gisbert, y ha apuntado que carece del “suficiente conocimiento técnico y jurídico” como para pronunciarse.
Pese a ello ha insistido en que están completamente de acuerdo en el objetivo que persigue con esta propuesta y al respecto ha recalcado: “Hay que intentar prevenir y conjugarse contra estos delitos que atañen directamente a la dignidad de las personas”.
Educación y coordinación de las administraciones
También sobre el mismo tema, la delegada del gobierno el la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé comporte a postura de Grabo que no encuentra la solución a muchos comportamientos en la rebaja de la edad penal propuesta por la fiscal. Por eso, en su caso ha apelado “a la coordinación de todas las administraciones, especialmente en el ámbito educativo, para garantizar la posibilidad de que los menores tengan acceso a la Educación, porque con la educación y la formación podremos combatir efectivamente una situación que no queremos para nuestras menores“, ha añadido.
