¿Se pueden controlar las reuniones de no convivientes dentro de un domicilio?

El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castelló (ICACS), Manuel Mata, recuerda para Actualitat Valenciana los supuestos que podrían permitir una entrada en un domicilio particular

AVL
Ante las nuevas restricciones que entran este lunes en vigor en la Comunidad Valenciana, según publica el DOGV y que afectan también a las reuniones de personas no convivientes que se puedan hacer dentro de un domicilio, todavía hay mucha gente que lo que se pregunta es si se trata de una prohibición y se cuestiona cuales serán las medidas de control.
Sin embargo, como se ha repetido en infinidad de ocasiones, la esencia no está en ese supuesto “control” sino en la sensatez y sentido común que hasta ahora a tenor de los catastróficos datos, no se ha tenido.
No obstante, Actualitat Valenciana, ha consultado con fuentes jurídicas para dejar claras algunas de las fake news o bulos que en ocasiones circulan por las redes con una interpretación lejos de la realidad.

Como explica el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castelló (ICACS), Manuel Mata, “Excepto autorización judicial o delito flagrante no es posible que la policía entre en un domicilio particular si no cuenta con el consentimiento del titular. El artículo 18.2 de la Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio y no se puede acceder a él excepto en estos casos señalados”.En estos momentos, a pesar de que la mayoría de los contagios se han producido en el ámbito social y en entornos privados, Mata recuerda que “solo en caso de declaración del estado de excepción o lugar se podría suspender este derecho tal como señala el artículo 55.1 de la Constitución, pero no cuando se trata de la declaración del estado de alarma. Todo esto, según la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y lugar.”

Así, a pesar de que se tuviese constancia de que en un domicilio de están desoyendo las directrices de limitar las reuniones a los convivientes excepto en los casos que estipula el DOGV, “la autorización para esta entrada correspondería a los Juzgados de lo contencioso-administrativo”, señala el Decano. Pese a que también reconoce que “es cierto que la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa establece en su artículo 8.6 que corresponde a estos juzgados “la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria …”

Un hecho que quizás podría dar a entender que las autoridades sanitarias podrían adoptar estas medidas y una vez ejecutadas solicitar su ratificación judicial que ya seria a posteriori. Sin embargo, “este apartado señala que estos acuerdos de las autoridades sanitarias tienen que estar plasmados en actos administrativos singulares que afecten particulares concretos e identificados de manera individualizada, situaciones singulares que difícilmente se compadecen con el que se escucha en la calle en cuanto a que la policía puede intervenir un domicilio particular si la policía tiene sospechas genéricas y poco detalladas”, concluye Mata.
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