Tras el revuelo social causado tras el cambio de sistema de control de acceso a Castelló mediante cámaras y envio de sanciones y la posterior suspensión temporal de este sistema así como el anuncio de la retirada de las sanciones impuestas, ahora es un sindicato el que alerta de que esta revocación de las sanciones sería “una amnistía encubierta”.
Así, según la postura defendida por el sindicat CSIF, por un lado, mientras siga existiendo la señalización que regula el tráfico por la zona, la obligación de los agentes, legalmente es la de “formular una denuncia en caso de detectar una infracción“. Una situación que, en caso de no ofrecer alternativas, sería completamente contradictoria con lo anunciado por el ayuntamiento.
Por eso, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha presentado un escrito dirigido a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, así como a los concejales delegados de Movilidad Sostenible y Policía Local y al propio Jefe de la Policía Local de la ciudad en el que alerta de los “riesgos” de “apagar” las cámaras del centro y “revocar” las cerca de 7.000 denuncias interpuestas desde la entrada en funcionamiento de estos dispositivos.
Por un lado, desde el sindicato han explicado que “apagar las cámaras no supondrá el fin de las denuncias, ya que lo que se infringe es la señalización que regula el tráfico en la zona, por lo que dejarlas sin servicio no va a variar en nada la regulación y la ordenación de la zona peatonal en el centro, de modo que seguirá existiendo la infracción si no se respeta la señalización”.
Además, desde este sindicato insisten en afirmar que “legalmente es obligatorio para los agentes de tráfico, tanto agentes de movilidad como de la Policía Local, formular una denuncia en caso de detectar una infracción en este sentido y una orden en sentido contrario sería, cuanto menos, nula de pleno derecho, ya que la potestad sancionadora en materia de tráfico o circulación es regalada y no discrecional y mucho menos arbitraria”.
Revocar 7.000 sanciones
Por otra parte, en cuanto al anuncio efectuado por el equipo de gobierno de revocar las cerca de 7.000 sanciones interpuestas desde que las cámaras entraron en funcionamiento, desde CSIF aseguran: “en nuestro ordenamiento no cabe esta posibilidad, porque estaríamos hablando de una amnistía encubierta que no está prevista en nuestra legislación y mucho menos como competencia municipal”.
Por ello, han alertado de que “lo que se pretende por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón podría vulnerar el Ordenamiento Jurídico Vigente, ya que no puede ser todo revocado, sino que deberá analizarse cada denuncia individualmente y atendiendo a los argumentos que se indiquen y a la prueba de los mismos”.
Además, desde el sindicato han señalado que “mientras la señalización siga existiendo, la regulación es la misma y no hay retroactividad o irretroactividad alguna y revocar todas y cada una de las denuncias formuladas no es amparar, sino todo lo contrario, la labor de los agentes”.
