El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación Provincial, Alfonso Rus y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’.
El magistrado considera que la instrucción practicada acredita, sin perjuicio de ulterior calificación, la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Junto a Rus, el instructor dirige el procedimiento contra el que fuera gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, dos funcionarios de la Diputación, dos empresarios y la esposa y la cuñada de uno de ellos.
En cambio, acuerda el sobreseimiento libre para un investigado que ya ha fallecido y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para el exdiputado provincial, Rafael Pérez, en su caso porque no consta que fuera consciente del fraude, entre otras razones.
El auto, que puede ser recurrido en reforma y subsidiariamente en apelación, declara concluida la investigación y da un plazo de veinte días a la Fiscalía para que solicite el sobreseimiento, la apertura de juicio oral o la práctica de nuevas diligencias.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.
El juez considera que pudo existir “un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos”.
Dicha conclusión, según el auto, se fundamenta entre otros motivos en la “relación de vecindad y amistad” entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un “conocimiento estrecho” de Alfonso Rus.
José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.
El juez considera “evidente” que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste “algún favor le debía” en relación con el contrato, “muy probablemente por actuar de conseguidor” ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.
