La última gota de esperanza se ha evaporado este martes tras la votación del gobierno que prioriza las políticas hídricas de carácter ecológico frente a las demandas de un sector de los agricultores alicantinos, murcianos y almerienses que hoy han protestado de nuevo enérgicamente en Madrid.
Sin embargo, como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que contiene 12 planes hidrológicos de Tercer Ciclo, el más controvertido el del Tajo cuya regulación prevé un incremento progresivo de caudal ecológico hasta 2027 que supondrá un recorte del agua trasvasada ese año al río Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos “en el peor de los escenarios”, según la ministra -de Transición Ecológica Teresa Ribera, en torno al 40% del que recibe en estos momentos.
Los regantes han hecho una última “súplica” esta mañana frente al Palacio de la Moncloa para atajar su aprobación pero como se preveía el texto sale a la luz con la modificación unilateral del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ha establecido la subida progresiva y obligada del agua del Tajo, independientemente del estado de la calidad de su agua.
La ministra Teresa Ribera ha enviado un mensaje de tranquilidad al Levante. “Alicante tendrá agua, Murcia tendrá agua, Almería tendrá agua pero daremos seguimiento al calendario de inversiones en esa comision bilateral con cada una de las tres Comunidades Autónomas que aparece recogida en el real decreto junto con el anexo de todas las inversiones calendarizadas en estos territorios”. Garantiza 140 hectómetros cúbicos procedentes de desaladoras hasta 2027 y establecer la próxima semana los precios para este agua desalada.
Ribera ha señalado que la finalidad es conocer cuáles son los volúmenes de agua de los que se dispone y cómo priorizar las distintas demandas de agua en ese plazo temporal.
La primera vez que se contempla el cambio climático
Asimismo, con estas líneas de actuación para gestionar los recursos hídricos en España desde ahora hasta el año 2027 “es la primera vez que los planes incorporan de manera coherente los escenarios del cambio climático y la mayor frecuencia de fenómenos extremos como las sequías y las inundaciones”, sostiene el Gobierno. Incluyen más de 6.500 medidas dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros.
Por qué el agua desalada no convence a regantes
La alternativa del agua desalada ofrecida por el Ministerio no convence entre los regantes. El presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu, recuerda que “ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada”. El agua desalada es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera. En cuanto al coste económico, remarca que tras la decisión de hoy, “el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona”.
De la misma manera se expresaba el portavoz de la UNIÓ Llauradora, Santiago Pascual. «Por consumo energético, por precio, por calidad y por disponibilidad. El agua desalada está cerca en las zonas donde estan las desaladoras pero a medida que se van alejando las tierra de cultivo los costes se van aumentando. Aunque se mantuviera el precio de los años anteriores aun así el agricultor paga una cantidad que es 3 o 4 veces mas de lo que paga por el trasvase Tajo-Segura».
Los regantes irán a tribunales
Tras conocerse que el Consejo de Ministros ha refrendado la regulación hídrica del Tajo hasta 2027, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha anunciado que emprenderán acciones legales. Los servicios jurídicos ya tienen instrucción de presentar un recurso contencioso-administrativo.
También José Vicente Andreu recalcaba tras la rueda de prensa de la ministra Ribera que “todos sus argumentos y promesas carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada, incluso recurriendo a la semántica, para crear un clima de confusión en la sociedad que le permitiera llevar a cabo un plan que solo responde a intereses políticos y para el cual no ha tenido en cuenta las necesidades del sector agrario en ningún momento”.
Sobre la promesa de constituir comisiones bilaterales con la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para hacer un seguimiento de las inversiones en infraestructuras de desalación y reutilización, ASAJA-Alicante lamenta que “ese afán de conversación por parte de la mencionada ministra no haya existido durante estos últimos años, cuando los agricultores y regantes hemos insistido para que se nos tenga en cuenta en la planificación que hoy ha aprobado tras una actitud déspota y dictatorial”. Además, confirma que seguirá movilizándose a favor de la continuidad del trasvase y recurrirá, si hace falta, a la vía judicial.
Carlos Mazón también abre la puerta a la alternativa judicial
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, también ha hecho alusión a la alternativa judicial. “Vamos a seguir defendiendo a nuestros regantes todos los días, pase lo que pase, en los tribunales y en la calle y con la serenidad que nos da tener que la verdad y la razón está de nuestra parte”, ha indicado el presidente de la Diputación.
El también presidente del PPCV ha afirmado que con “esta decisión el Gobierno de Sánchez pone en peligro 15.000 puestos de trabajo y unos 6.000 millones de pérdidas en este sector, que ya lleva muchos años sufriendo el ataque de un Gobierno que no cree en sus posibilidades y con un President que se ha rendido ante Sánchez”.
