La Conselleria de Territorio ha propuesto no prorrogar los plazos de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla como pedía el Valencia Club de Futbol. El informe de 11 páginas que ha emitido el organismo autonómico da respuesta así a la solicitud del Valencia CF respecto a la Fase I del plan. Desde el Consell se ve inviable la posibilidad de una ampliación del acuerdo urbanístico tras los incumplimientos del club en la operación inmobiliaria.
La ATE suponía la hoja de ruta mediante la cual el club de Anil Murthy se comprometía a acabar las obras antes de mayo del presente año, hecho obviamente incumplido. Esta actuación implicaba el permiso par adificar 39.855 metros de hoteles y comercios así como 41.500 de centro comercial en los terrenos donde se ubica el actual estadio de Mestalla. Ahora con el convenio extinguido, el Valencia CF se enfrenta a un duro golpe económico de más de 25 millones de euros y con un futuro incierto en todos los aspectos.
El nuevo Mestalla
El Nuevo Mestalla inició su construcción el 1 de agosto de 2007 siendo presidente Juan Bautista Soler. En el proyecto inicial, en la fachada se representarán los barrios de Valencia y el río Turia a su paso por la ciudad, una forma original de plasmar la ciudad en el diseño de la cubierta. Fue diseñado inicialmente con una capacidad para 75.100 espectadores y para poder albergar competiciones de atletismo, requisito propuesto por el Ayuntamiento de Valencia. Según el proyecto inicial será un estadio de 5 estrellas de la UEFA. Tendría 3500 plazas de aparcamiento, zona de ocio, un museo sobre la historia del club, diferentes zonas vip y un auditorio para asambleas y reuniones.
El club se ve inmerso en una deuda económica que asciende a los 547 millones de euros, la mayoría de los cuales a la entidad Bancaja. Soler se ve obligado a anunciar la paralización de las obras del estadio el 17 de febrero de 2009. La idea inicial de Juan Bautista Soler era la de financiar la construcción con la venta de las parcelas del viejo Mestalla. Pero la crisis inmobiliaria española iniciada en 2008 imposibilitó la viabilidad de vender las parcelas al precio inicialmente estimado.
