El ayuntamiento de Castelló pedirá a la empresa que gestiona el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD), a la que debe más de 750.000 euros en facturas, que siga prestando ese servicio.
Sin embargo, quienes realizan esas tareas, las 59 trabajadoras que atienten a 219 usuarios ya han denunciado que “no están cobrando”, debido a la deuda que el consistorio la mantiene con su empresa.
De hecho estas trabajadoras ya han protagonizado numerosas protestas denunciando su situación y reclamando que el ayuntamiento salde las facturas pendientes para que ella puedan cobrar sus nóminas.
La última denuncia pública en forma de sonora manifestación, se producía este jueves mientras se celebraba el pleno municipal de julio.
Una sesión en la que el grupo municipal popular también preguntó por esta situación y respecto la que la concejala delegada de servicios sociales Mari Ribera explicó que se estaba trabajando para tramitar el expediente con los pagos pendientes.
De momento, uno de los problemas más urgentes con los que se enfrenta el ayuntamiento es que el dia 5 de agosto las trabajadoras han convocado huelga si no se resuelve la situación.
Respecto este tema, el portavoz del equipo de gobierno, José Luís López, no se ha mostrado claro respecto ‘el plan B’ que el consistorio prevé si se llega a dar esta situación aunque sí que ha hecho mención a los “servicios mínimos” que toda empresa debe garantizar en estas circunstancias “aunque respecte los derechos de los trabajadoras a hacer huelga”. Además ha dejado caer también la posibilidad de “una contratación de urgencia”.
No obstante ha reiterado que el ayuntamiento “pedirá a la empresa que siga prestando el servicio” y se ha respaldado en que Ley de Contratación del Sector Público permite que aunque caduque el contrato a una empresa adjudicataria, esta tenga la opción de seguir prestando los servicios por los que fue contratada “en las mismas condiciones”.
En cuanto el tema de la ‘incongruencia’ que supone que se le reclame a quien afirma no poder pagar a sus trabajadoras por lo le debe la administración municipal que esta misma le pida seguir manteniendo el servicio, López no se ha pronunciado.
Abuso de facturas de empresas con ‘contratos caducados’
Por otro lado, ante la perspectiva de que estas trabajadoras puedan seguir sin cobrar hasta octubre por los trámites burocráticos, López ha reconocido que el problema está en la fiscalización que sufre este proceso por “el abuso que hemos hecho todas las administraciones con reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC) para hacer frente a pagos de este tipo”.
Es decir, que poder pagar ahora eso 750.000 euros en facturas a una empresa a la que ya le ha caducado el contrato de prestación de servicios y sigue prestándolo pero pasando las correspondientes facturas implica un proceso “que ahora se mira con lupa”, ha explicado López.
“El abuso que hemos hecho todas las administraciones con reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC) para hacer frente a pagos de este tipo ahora hace que se mire todo con lupa”.
Esto supone que aunque el trámite del expediente esté en marcha, no se puede pedir un REC sin que hayan sido, controladas, fiscalizadas, hayan pasado por la junta de gobierno y posteriormente aprobadas en pleno. Aunque cabe destacar que el portavoz del equipo de gobierno ha afirmado: “si tenemos que hacer un pleno extraordinario, se hará”.
