La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Generalitat Valenciana y de Valencia Plataforma Intermodal y Logística contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València.
El alto tribunal deberá decidir si para unos terrenos que ya han sido urbanizados, de manera oficialmente ilegal es necesaria una evaluación ambiental estratégica simplificada, como defienden los recurrentes, o una evaluación ordinaria, como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a instancias de la asociación Per L’Horta.
El plan especial de la ZAL, terrenos situados entre el puerto y La Punta, fue aprobado por la Conselleria de Vivienda el 17 de diciembre de 2018 y venía a restaurar cierto orden en esta área industrial después de que los tribunales dictaminaran repetidamente que se había realizado de forma irregular, incluyendo las expropiaciones de huerta y desalojo forzoso de los vecinos.
En el auto, con fecha de 23 de noviembre, la sala del TS señala que, dada la naturaleza (disposiciones de carácter general) que, jurisprudencialmente, se atribuye a instrumentos como el impugnado y que el objeto del recurso de casación es un pronunciamiento anulatorio de un plan, el recurso solo se podría inadmitir si se apreciara “con toda evidencia” que esa anulación carece de trascendencia suficiente, “lo que aquí no acontece“. “Diferencias sustantivas”.
En esta línea, añade que, aunque la cuestión relativa a la exigencia de evaluación ambiental estratégica en la elaboración de un nuevo Plan haya sido ya tratada desde otras perspectivas en anteriores pronunciamientos de la Sala, el supuesto que se plantea en este caso “ofrece suficientes diferencias sustantivas que justifican la procedencia de la admisión“.
Por tanto, declara que la cuestión planteada en ambos recursos “presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia” y consiste en determinar “la eventual incidencia que pueda tener la situación en que se encuentre el suelo (urbanizado) afectado por un instrumento de planeamiento urbanístico cuando no coincide, como consecuencia de la anulación jurisdiccional de previos instrumentos, con la clasificación vigente del mismo (no urbanizable) en la determinación de la modalidad de evaluación ambiental estratégica exigible -ordinaria o simplificada- para la aprobación de dicho instrumento”.
Puig puerto de València
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha admitido que el acceso norte al puerto de València plantea “dificultades obvias” y que el desarrollo de la ampliación norte tiene “una serie de complejidades” a la hora de compaginar el desarrollo económico con los criterios medioambientales. Además, ha apuntado que espera una decisión final del Gobierno “en los próximos meses”.
Puig ha indicado que la decisión del Gobierno para darle luz verde a este proyecto “está ya muy avanzada“.
Desde la Generalitat, el president ha indicado que es una “prioridad” buscar una alternativa que incluya la “mayor conciencia ambiental posible” y que espera que tenga el “mayor consenso”.
