El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso contencioso presentado por el Ayuntamiento de Moncofa contra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral (Pativel) de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Generalitat en mayo de 2018.
De esta forma da la razón al Consistorio, que entendía que la normativa autonómica atentaba contra los derechos de los vecinos, pero que además había desatendido todas las justas alegaciones presentadas por el municipio.
Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa, ha segurado, nada más conocer la sentencia, que “estamos muy satisfechos con esta resolución del TSJ, porque el Pativel era muy perjudicial para los derechos urbanísticos de muchos vecinos que tienen pequeñas propiedades en nuestro pueblo”.
La sentencia 159 de la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana va en la línea de otras sentencias similares que han dado la razón a propietarios y ayuntamientos de otros municipios de la provincia de Castellón.
Wences Alós explica que “entre los argumentos que defiende el Ayuntamiento de Moncofa para ponerse al lado de sus vecinos están que la Generalitat ha incumplido el derecho a la información pública de los afectados. Reconoce la especial incidencia de los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos. Garantizar los derechos de los vecinos es algo esencial para nuestro equipo de Gobierno, ya que la Generalitat tampoco informaba acerca de las indemnizaciones, ni ha sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica el Pativel, ni muchas otras cosas que eran lesivas para los pequeños propietarios del pueblo”.
Entre los argumentos del Ayuntamiento de Moncofa, estaban que la Generalitat no resolvió ni notificó las alegaciones presentadas por los interesados, en las dos fases de información pública a que se sometió el expediente.
Hay que tener en cuenta que afecta a muchos pequeños propietarios que podían perder la totalidad de sus derechos. Por otro lado la Generalitat también hizo caso omiso a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, imponiendo claramente su criterio político sobre las necesidades y opiniones de la gente y los municipios afectados.
