La Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana ha confirmado que recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la solución que se impulsó desde el Ayuntamiento de València “para evitar las indemnizaciones millonarias derivadas de la operación urbanística de Tabacalera que se gestó en 2005”.
La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha sostenido que “el actual equipo de gobierno intentará evitar que el consistorio tenga que afrontar indemnizaciones por valor de 45 millones de euros derivadas de un embrollo urbanístico heredado del PP”.
“Este es otro problema más heredado de los gobiernos del PP, que siguen siendo un lastre para este Ayuntamiento todavía en el año 2022”, ha criticado la vicealcaldesa, quien ha insistido en que la obligación del gobierno del Rialto es “hacer todo lo posible para que esa deuda no lastre la calidad de los servicios públicos que la ciudad tiene que ofrecer a toda la ciudadanía”.
Sandra Gómez ha incidido en que la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana tratará de evitar estas indemnizaciones millonarias que podrían destinarse a ampliar la red de servicios públicos de la ciudad. “¿Cuántas cosas podríamos hacer con 45 millones de euros? ¿Cuánto podríamos mejorar la limpieza? ¿Cuántos empleos podríamos generar? ¿Cuántas inversiones podríamos realizar en la ciudad? ¿Cuántas peatonalizaciones, colegios, escoletas o centro de salud podríamos hacer? Muchísimos, pero por culpa de los gobiernos del PP ese dinero va a ir a parar a una empresa concreta. Y eso es lo que, obviamente, como gobierno progresista vamos a evitar”, ha añadido Gomez.
La anulación de la solución municipal para la fallida actuación urbanística de Tabacalera implicaría que el Ayuntamiento de València indemnizase con 45 millones de euros a la empresa promotora. No obstante, el consistorio ya abonó 20 millones aproximadamente mediante el solar que albergaba las antiguas dependencias municipales de plaza América y otro en Micer Mascó, ambos ya construidos. De esta manera, quedaban pendientes 25 millones, cuyo pago el consistorio había articulado a través de un cambio de suelo que ahora el TSJCV ha anulado a través de su última resolución.
