La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado el protocolo para el traslado gratuito de víctimas de violencia de género hasta los juzgados, así como a los diferentes servicios de asistencia a los que tengan derecho. Bravo ha explicado los detalles de esta iniciativa a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, en un encuentro que ambas han mantenido este lunes.
El protocolo regula el traslado de aquellas víctimas de violencia de género que residan o se encuentren en la Comunitat Valenciana y que no cuenten con medios de transporte propios para acudir a las dependencias judiciales tanto si ya están inmersas en un procedimiento como si no han presentado aún la denuncia correspondiente.
Además, la Conselleria de Justicia habilitará también el transporte para acudir a una oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito o a cualquier otro servicio o recurso ofrecido por la Administración autonómica por su condición de víctima de violencia de género.
Vila-real, pionera en este proyecto
El servicio de traslados, que ahora se extiende a todos los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, nació como una experiencia piloto en el jugado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real en 2019 y, aquel mismo año, se realizaron un total de 69 traslados. Esta cifra descendió a 60 en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19.
En 2021, hasta el momento, se han llevado a cabo 21. La previsión es que este servicio pueda atender a unas 6.000 mujeres al año.
El proyecto cuenta con una dotación presupuestaria de alrededor de 175.000 euros anuales, si bien se aumentaría la partida en el caso de que fuera necesario, porque, según ha explicado la consellera, “el domicilio no será un elemento discriminador para ninguna víctima porque todas tienen derecho a acceder a los mismos servicios públicos”.
El protocolo de actuación establece que la solicitud del desplazamiento se realizará por parte de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los órganos judiciales, de la Fiscalía, de la red de oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito o de los institutos de Medicina Legal.
Todos ellos, además, ofrecerán a la víctima este servicio si detectan que carece de medios de transporte propios. Para, este protocolo de actuación facilita “un transporte digno para las víctimas que garantice su seguridad y su privacidad”.
