Blandiendo en sus manos las 80 páginas de la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el caso Piaf, que ha sentado en el banquillo a dos ex-alcaldes populares y a una empresa ya vinculada con la trama Gürtel, el alcalde de Vila-real ha querido explicar hoy lo que significa esa sentencia “que el Ayuntamiento no va a recurrir“.
José Benlloch ha asegurado que están “contentos con la sentencia porque no tenían ningún objetivo de hacer ningún daño sino de evitar que Vila-real tuviera que pagar lo que no le correspondía”. Sin embargo, no ha descartado que ahora, nuevas averiguaciones centradas sobre dos de los elementos de esta sentencia que hacen referencia al Trinquet municipal y a las reformas en la segunda planta de ‘Ca la Vila’ pudieran llevar en un futuro a exigir ‘Responsabilidades Civiles’. Estas recaerían sobre los dos ex-alcaldes: Manolo Vilanova y Ramón Tomás y sobre la empresa PIAF.
El primer edil ha ofrecido una detallada cronología de los hechos que llevaron a la judicialización de este caso que empezó con 600.000 euros de facturas impagadas y reclamadas justo cuando se produjo el cambio de gobierno en la ciudad de manos del PP al PSOE.
Además, dado que la sentencia habla de que se reconocen “ilegalidades” pero no se puede hablar de “delito”, Benlloch ha puesto el acento en lo que supone, para un tribunal, la dificultad por ejemplo de “acreditar la falsedad de facturas pero sin embargo no haber podido averiguar quien las falsificó”.
El Trinquet y la segunda planta de ‘Ca La Vila’
Con todo, el alcalde ha lamentado también que el ayuntamiento haya estado “muy solo” en todo este largo proceso judicial. Y aunque ha explicado con la cualidad de “garantista de los derechos” que ha de tener la justicia en un estado democrático, lo que supone “no poder establecer delito aún cuando se reconozcan ilegalidades como hace esta sentencia”.
Por eso, aunque Benlloch ha explicado que el ayuntamiento “no recurrirá” sí que ha anunciado nuevas vías a considerar. Y es que con las obras del Trinquet Municipal, que suman más de 521.000 euros y las de las reformas en la segunda planta del edificio del consistorio, dos puntos específicos que analiza la sentencia al detectar irregularidades, siempre con facturas fraccionadas con importes inferiores necesarios a los que obligarían legalmente salir a concurso, “ahora se analizará cual es el daño que se le ha hecho al ayuntamiento por no contratar la cosas como se debe”, ha manifestado con rotundidad.
