Se trataba de repatriar dinero oculto en el extranjero por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana y otros miembros de la trama. Ese es el convencimiento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que este martes ha remitido un informe a la jueza que investiga el caso, relatando las operaciones que según los agentes demuestran el blanqueo de capitales, por unos 11 millones de euros.
Un piso en Núñez de Balboa, Madrid, por 1,6 millones de euros; el pago de 91.000 euros en reformas y otros 21.000 en electrodomésticos; la contratación de una empleada de hogar; un reloj por 20.000; el reintegro de 50.000 euros desde sus productos bancarios el destinatario de los cuales sería Zaplana y un cheque al portador por 8.000 euros también relacionado con el exministro.
Esos son los gastos y servicios que detalla el informe entregado en el Juzgado Nº 8 de València y que Zaplana ha calificado de “conjeturas” que no aportan nada nuevo.
Según el entorno de Zaplana, se trata de un “nuevo reciclaje” del “mismo material” ya “reutilizado” en anteriores documentos, que se basa en “sospechas, conjeturas y presunciones”.
Los investigadores creen que esas transacciones eran el último movimiento de la cadena de comisiones a cambio de adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano y le relacionan con los fondos en la sociedad luxemburguesa Imison, que volvieron a España a través de cuatro sociedades.
Desde el entorno del exministro ven “destacable” que, después de seis años de investigaciones por la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción, “no exista una evidencia directa” que Zaplana “participara en las transacciones objeto de investigación o fuera el titular de los activos localizados en extranjero”.
“Todo esto confirma la certeza del manifestado por Zaplana desde el inicio de la instrucción sobre su absoluta falta de participación en la adjudicación de proyectos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana o de concesiones de ITV, y que ni tiene, ni ha tenido, activos o fondos fuera de España”, indican las mismas fuentes.
En esta línea, afirman que Zaplana “no pierde la confianza que, en algún momento, se le permitirá acreditar esta realidad mediante la práctica de la prueba de descargo que hasta ahora se le ha negado”.
Entramado societario para repatriar dinero oculto
El informe ocupa 445 páginas más anexos, y ha sido avanzado por elplural.com. La documentación complementa otras sobre el movimiento de los fondos, que se cifra en un total de 10.521.351,28 euros en sobornos investigados.
El dinero se guardó -presuntamente- en el offshore Imison y después volvió a España a través de cuatro sociedades. Según los informes, es la propia trazabilidad de los fondos “la que ha venido a determinar la existencia de una amplia estructura societaria que habría tenido la finalidad de canalizar, ocultar y poner a disposición de sus beneficiarios finales estos fondos de supuesta procedencia delictiva”.
Después, se realizaban operaciones que daban salida al dinero y se convertían en servicios o propiedades con las cuales quedaba blanqueado.
Dos áticos, un barco, parcelas
A través de la sociedad Medlevante, se adquirieron dos áticos en Altea por 394.400 euros y la embarcación Loix por 114.905; a través de Gesdesarrollos, se compraron varias parcelas en Villajoyosa por 2,17 millones de euros.
Según la UCO, el investigado Francisco Grau, considerado presunto testaferro de Zaplana, fue quién diseñó el complejo de negocios, que se materializaron principalmente a través de Joaquín Barceló, “persona interpuesta” en favor del exministro.
Los investigadores sostienen que Grau sería la persona encargada de gestionar la dinámica del retorno de los fondos mientras que Barceló habría actuado como titular formal de diferentes sociedades “actuando aparentemente como persona interpuesta” en beneficio de Zaplana.
Tres años en libertad condicional
Eduardo Zaplana fue detenido en mayo de 2018 después de detectarse sus movimientos. El exministro llevaba tres años enfermo de leucemia y después de 259 días en la prisión, 51 de ellos en el hospital, fue puesto en libertad provisional sin fianza.
En un mes, el 7 de febrero, se cumplirán tres años de esa puesta en libertad dentro de una causa que se continúa investigando y la conclusión de la cual no parece inmediata.
