Levantan la suspensión contra los libros LGTBI entregados en institutos de Castelló

El Juzgado de lo Contencioso levanta la medida cautelar que acordaba la suspensión de la entrega y la retirada de 32 libros de temática LGTBI en 11 institutos.

El Juzgado de lo Contencioso 1 de Castellón levanta la medida cautelar que acordaba la suspensión de la entrega y la retirada de 32 libros de temática LGTBI en 11 institutos.

Así consta en el auto notificado hoy a las partes en el que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Castellón levanta la medida cautelar adoptada por otra magistrada (en un auto anterior, fechado el pasado 15 de octubre) que suspendía la entrega de esos libros y acordaba su retirada.

Tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada “tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana”.

Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, “no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal”, así como tampoco “de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos (…)”.

“No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (…). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares”, concreta el auto.

Abogados Cristianos recurrirá la decisión

Por otra parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha comunicado que recurrirá esta decisión.

Su presidenta, Polonia Castellanos, asegura que “la resolución incurre en varios errores cuando dice, por ejemplo, que las bibliotecas de los institutos son de titularidad municipal”.

Afirma además que “el juez en este auto desoye el informe del Ministerio Fiscal”.  Y destaca: “se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor instruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas”.

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