Los sanitarios valencianos están comprobando con rabia e indignación, en las últimas horas, como se puede pasar de las alabanzas y aplausos, a las disculpas oficiales por no haber podido proveer de material necesario de protección y de repente, en un giro argumental de 180grados, pasar de héroes a ladrones.
Al menos, así es como lo ven muchos de los profesionales del sector que han mostrado su incredulidad al conocer que una parte del argumentario esgrimido en el recurso contra la sentencia condenatoria que reconocía la desprotección del personal sanitario y obligaba a la Conselleria a indemnizar al personal, por no protegerlos, se basaba en un posible “robo de material”.
Desde que esta información ha trascendido han sido numerosísimos los sectores sanitarios que han exigido una rectificación, incluso del propio presidente de la Generalitat pidiendo disculpas públicas por estas acusaciones.
Uno de los últimos colectivos que además lo ha hecho de una forma rotunda y contundente ha sido el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos Valencianos. En este caso, amenazan directamente con “ejercer cuantas acciones legales” sean necesarias, en caso de que no haya rectificación.
Comunicado del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos Valencianos
“Tras conocer por los medios de comunicación algunos de los argumentos esgrimidos por la Generalitat Valenciana en el recurso de suplicación presentado ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Alicante que condenaba al Consell a indemnizar a los sanitarios por no protegerlos contra el Covid-19, en el que se recoge que las mascarillas y otros equipos de protección individual (EPI) fueron guardados bajo llave porque algunos sanitarios los sustraían, el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos Valencianos censura esta acusación sin pruebas.
Estas afirmaciones ponen en entredicho la honorabilidad de quienes se enfrentaron con la máxima dedicación y en condiciones penosas a la tarea de contener la pandemia desde el comienzo, sin reparar en la falta de medios técnicos y de protección necesarios para garantizar su seguridad”.
El Consejo lamenta que este tipo de acusaciones se efectúe sin pruebas por parte de quienes deben velar para que sus trabajadores realicen su trabajo en las mejores condiciones posibles. Que sea la Conselleria de Sanitat, que ha recibido sentencias condenatorias de los tribunales por no proteger a sus médicos y demás personal sanitario quien les acuse, sin aportar datos concretos, de sustraer el material que debía servirles de protección resulta irónico.
Lamentamos que este tipo de argumentos lleguen ahora, tiempo después de que la sociedad y diversas instituciones, entre ellas la Fundación Princesa de Asturias, hayan refrendado y reconocido el buen y gran trabajo del personal sanitario en estos dos años de pandemia. Como sentimos también que se viertan sobre un colectivo, cuya implicación para atajar la pandemia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ha quedado sobradamente probada y así lo han reconocido la misma Generalitat Valenciana y sus responsables. Unos responsables que pidieron perdón públicamente y en les Corts Valencianes a los médicos y profesionales sanitarios por no haberles dotado de los medios de protección necesarios al principio de la pandemia.
Estas acusaciones impropias de una institución que acoge a la mayoría de los profesionales que ejercen la práctica médica en nuestra Comunidad, no son algo aislado. Baste recordar como al principio de la crisis sanitaria la titular de la Conselleria de Sanidad deslizaba que los médicos se habían contagiado por ir de vacaciones con sus familias, lo que le valió la reprobación del colectivo acompañada de la petición de dimisión.
Otro botón de muestra fue cuando la misma consellera se “olvidó” de vacunar a los médicos de la privada, saltándose el protocolo de vacunación. Y no queda ahí, recientemente ha presentado el Marco Estratégico de la Atención Primaria 2022-23, sin consultar con las sociedades científicas ni con los colegios de médicos provinciales o con este Consejo que les representa colegiadamente.
Desde el Consejo instamos a la Administración autonómica a que recapacite y reconsidere, al tiempo que exigimos que rectifique públicamente. Caso de no producirse esta retractación nos veremos obligados a ejercer cuantas acciones legales estén a nuestro alcance para defender la honorabilidad y las buenas prácticas de los médicos a quienes representamos”.
