El modelo de ordenanza propuesto por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, aborda la prostitución “no como un problema de orden público sino como de vulneración de los derechos humanos de las mujeres”. Ésta es la gran aportación de esta propuesta: una mirada desde los derechos humanos, con enfoque de género, que pone luz sobre una realidad invisibilizada durante años.
Es importante cómo se nombran y se cuentan los hechos… y éstos nos muestran que la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas existe, porque hay un negocio que proporciona beneficios ingentes a los tratantes. Negocio que funciona gracias al dinero de los clientes, dispuestos a pagar por sexo sin preguntarse el por qué esa mujer está en esas condiciones, ni qué está haciendo él para contribuir a esa cadena de violencia, explotación y dolor.
Hay que entender que detrás de la prostitución de mujeres y niñas hay: violaciones, vejaciones, violencia, explotación, daños difícilmente reparables tanto a la salud mental como a la física y en el peor de los casos muertes. Mujeres y niñas, sí, no olvidemos que muchas de las mujeres que hoy están siendo prostituidas, fueron forzadas a ello siendo menores. El sistema de explotación sexual saca beneficio de la situación de vulnerabilidad socio económica de las mujeres explotadas. De ahí la importancia de las medidas que persigan a los explotadores, tanto a los que sacan beneficio económico como quienes pagan por ellas.
Es importante también concienciar a los clientes actuales y potenciales (futuros), de que detrás de su compra está el sufrimiento de mujeres y niñas. Quien utiliza la prostitución se convierte en cómplice de esta explotación. Es por ello fundamental poner el foco sobre esta realidad de vulneración de los derechos de las mujeres y niñas, y normas como esta contribuyen a ello.
Volviendo a la ordenanza, valoramos positivamente este marco legal que pone los derechos de las mujeres afectadas en el centro de la cuestión, y que las reconoce como víctimas de violencia, lo que supone reconocerlas el derecho a protección de su integridad física y psicológica, así como a derechos sociales.
A diferencia de otras aún existentes en la Comunidad Valenciana, donde las mujeres prostituidas pueden ser multadas, siendo revictimizadas por el propio marco normativo municipal, en lugar de ofrecerles protección de la violencia de terceros que sufren, en lo que podríamos calificar como un ejemplo de maltrato institucional a mujeres en situación de alta vulnerabilidad.
Desde la Fundación Salud y Comunidad trabajamos junto a estas mujeres desde los programas “IMMA” y “¿Caminas?” para dar una atención integral a sus necesidades psicosociales, sanitarias y laborales, con la finalidad de facilitar autonomía y oportunidades de salir de la situación de explotación sexual. Asimismo, trabajamos en campañas de sensibilización social para la prevención del uso de la prostitución por jóvenes y la toma de conciencia social de lo que supone la explotación sexual de las mujeres y las niñas.
