El PP asegura que ‘Ribó sigue con los trámites del macrohotel de Zaidía’

Los populares afirman que “el alcalde de València ‘ha dado un plazo de 15 días para que se amplíe la documentación aportada del proyecto para conceder la licencia de obras y licencia ambiental’

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, y el concejal, Carlos Mundina, han visitado hoy las naves de la calle Guatla y se han reunido los vecinos de San Antonio-Zaidía después que ayer se iniciaron los primeros derrumbes de las naves.

“El equipo de gobierno debe ponerse serio en este asunto y dejar de marear a los vecinos. Hemos llegado a este punto por la dejadez del gobierno de Ribó y PSOE que han estado más de un año vendiendo terrenos a los propietarios y mareando a lo vecinos. Mientras les prometen una cosa, siguen los trámites administrativos para poner en marcha el macrohotel” ha señalado.

En este sentido, ha desvelado que, “pese a las promesas del equipo de gobierno, Ribó sigue dando pasos administrativos para poner en marcha este macrohotel dentro de un patio de manzanas”. Según la documentación a la que ha tenido acceso el PP, el Ayuntamiento de Valencia ha dado un plazo de 15 días para que aporte la documentación/memoria, en la que subsanen las deficiencias detectadas para seguir con el trámite de licencia de obras y licencia ambiental.

Ni Compromís ni el PSOE están diciendo la verdad a los vecinos” ha afirmado Catalá que anuncia que el PP volverá a recurrir la nueva declaración responsable que ayer mismo presentó la propiedad para demoler las naves.

“La ley impide llevar a cabo está demolición por Declaración Responsable porque aquí hay bienes de relevancia local como la acequia de Rascanya”.

Asimismo, ha exigido a Ribó “a realizar de forma inmediata el cambio de planeamiento de la zona para poder destinar las naves a dotaciones públicas para el barrio, solicitando la suspensión de la licencia de actividad”.

Por último, ha reiterado que “una vez más el Ayuntamiento de Valencia ha fallado y notificó mal la paralización del derribo del pasado viernes. No sólo debía de comunicarse electrónicamente sino que el equipo de gobierno debería haberlo hecho presencialmente. Al no hacerlo, ha dado una vía de escape para que la propiedad se libre de la multa.

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