Les Corts, la Generalitat, la Diputación de Castellón, numerosos ayuntamientos, partidos políticos y asociaciones ciudadanas se han unido contra la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) por parte del gobierno de España de la macroplanta solar Magda.
Este proyecto de 260.000 placas solares ocupará unas 500 hectáreas, en Sant Mateu, Cabanes, Benlloc y, sobre todo, en les Coves de Vinromà, en la Plana Alta. Además, se prevé que ocupo 200 hectáreas con calificación de ecológicas, por lo cual la producción de almendras ecológicas bajará hasta el 62% y se cortarán 60.000 árboles en plena producción.
La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha pedido que “rectifiquen” y ha recordado que han planteado “todas las afecciones que tiene este proyecto y han hecho un informe favorable en el cual no se tiene en cuenta esto”.
También se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha reconocido “la voluntad de conciliar el interés paisajístico con el impulso de las energías renovables, si bien ha admitido que tiene toda la información sobre el proyecto, que cuenta con informes desfavorables de la consellería”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, reitera la oposición de la institución al proyecto ‘Magda’, y señala que “seremos coherentes con la declaración institucional que aprobamos el 15 de febrero de 2022 en el pleno de la Diputación, de la que dimos traslado a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España, en cuyo texto se hacía explícito el rechazo de PSPV-PSOE, Partido Popular, Compromís y Ciudadanos a esta iniciativa”.
Añade que “como no podría ser de otra manera, daremos todo nuestro apoyo a nuestras alcaldesas y nuestros alcaldes, que piensan como nosotros, que garantizar el suministro energético no debe provocar una fuerte afección sobre el territorio, ni ser incompatible con el ejercicio de la actividad agrícola». En consecuencia, explica que «respaldaremos todas las acciones de defensa de nuestros pueblos que emprendan los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana”.
La portavoz adjunta del PP en la Diputación, María Ángeles Pallarés, señala que “la propuesta del Partido Popular en defensa de los afectados por esta megaplanta fue respaldada por todos los grupos políticos, también por el equipo de Gobierno de PSOE y Compromís, que se comprometieron a defender a los castellonenses, pero que a la vista está que no han hecho nada durante un año para evitar que el Gobierno de Sánchez, es decir su Gobierno, haya aprobado un proyecto que pone en jaque el futuro de los municipios afectados”, explica Pallarés.
“La megaplanta solar que ha aprobado el Gobierno del PSOE es un mazazo para los pueblos afectados porque perjudica de lleno a la economía de los vecinos al destrozar el futuro de la agricultura y la ganadería”, afirma María Ángeles Pallarés.
Para finalizar, desde el PSPV de Castellón su secretario general, Samuel Falomir, ha reiterado que “tal y como plasmamos en la declaración institucional aprobada en la Diputación de Castelló rechazamos su puesta en marcha a pesar de la declaración ambiental favorable porque supone “un impacto incompatible con la preservación del territorio y de la actividad agrícola castellonense”. Según el dirigente socialista, su implantación afectaría negativamente de manera significativa a un gran número de personas que viven del sector”. “Magda va en contra de la economía del interior”.
Falomir ha expresado su voluntad de seguir trabajando por la implantación de energías renovables que garanticen un suministro sostenible para los centenares de miles de familias de Castelló, pero, resalta, “no a cualquier precio. Se debe realizar de acuerdo con la voluntad de los vecinos y vecinas, teniendo en cuenta la ordenación del territorio y reduciendo su impacto ambiental”.
En este sentido, ha insistido en que el PSPV provincial está al lado de los ayuntamientos por los que recorre el proyecto MAGDA. Además, el líder socialista ha afirmado que “la Generalitat tiene todo nuestro apoyo para recurrir esta decisión y trabajar de manera conjunta para paralizar este proyecto tal y como está planificado”.
El conjunto de representantes socialistas de los municipios sobre los que está proyectada la planta fotovoltaica ha coincidido en la necesidad de alzar la voz para su paralización. “Vamos a trabajar para que el Gobierno de España reconsidere su postura y actúe teniendo en cuenta las reivindicaciones de los ayuntamientos y los vecinos, siempre desde el consenso y el diálogo con el conjunto de instituciones”, ha concluido Falomir.
