La consellera de Agricultura, Desarrollo rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha declinado este martes recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el plan especial ZAL del Puerto de València para acabar definitivamente con el proyecto. “Hay tres sentencias contra la ZAL y creo que esta historia tiene que parar ya” ha manifestado en Les Noticíes del Matí d’Àpunt.
Estas declaraciones llegan tras las del president de la Generalitat, Ximo Puig, donde no descartaba que la Abogacía de la Generalitat recurriese la sentencia de la ZAL. “La Abogacía de la Generalitat está estudiando adecuadamente la sentencia, en función de lo que plante, se actuará” indicaba Puig. Del mismo modo, el jefe del Consell aseguraban que había que ser “cautelosos” y ver “exactamente en qué términos la sentencia lo plantea” y que “habría que trasladar las consecuencias que tiene esta decisión en términos económicos”.
Sin embargo, la posición de sus socios de gobierno es contraria y apuestan por no recurrir la sentencia y crear un proyecto de renaturalización de espacios como un corredor verde que conecte el Túria con la Albufera. “Creo que tenemos que aprovechar la oportunidad para decir: no se ha de recurrir; tenemos que repensar este proyecto y sí hay otras alternativas factibles en otros espacios” ha indicado Mollà.
Además, Mollà ha asegurado que este planteamiento sería para ella y su Conselleria “deseable” y podría conseguir “una dotación fácil” mediante líneas de apoyo de los fondos europeos para llevarlo a cabo. En este sentido también se posicionaron tanto la síndica de Compromís, Papi Robles, como el alcalde de València, Joan Ribó, que volvieron a pedir a la Generalitat que no recurriese y convirtiese esta zona en espacios verdes y naturales.
Ampliación norte
En cuanto a la ampliación norte del Puerto, Molla ha vuelto a insistir en reclamar una nueva declaración de impacto ambiental (DÍA), porque afirma que “no se puede hacer” con una declaración ambiental de 2007, sino que se deben tener “todas las garantías de 2022” e incorporar todas las normativas de protección ambiental que han surgido después. “Este DÍA no vale para mí, no es el mismo proyecto y no se han contemplado circunstancias que se ha demostrado que no se evaluaron correctamente”, ha indicado.
