El Ayuntamiento de València no adjudicará como tenía previsto parte del edificio de propiedad municipal conocido como “La Base”, que fue la base del equipo Alinghi en la America’s Cup, a Labora tras el informe del servicio jurídico del consistorio en el que lo desaconseja. Así pues, la Junta de Gobierno acepta el informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y el recurso del PP ante la cesión directa de este inmueble al Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y en la reunión de mañana abordará esta cuestión.
El pasado 15 de julio de 2022 la Junta de Gobierno Local aprobó arrendar a LABORA el edificio Alinghi, en la Marina para instalar en él un Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo. Este arrendamiento, según dicho acuerdo, tendría una duración de treinta años, prorrogable por mutuo acuerdo por periodos de 5 años hasta un máximo de cincuenta años y una renta mensual de 4.690,55 €/mes más IVA.
Tras ello, el pasado 19 de septiembre el PP presentó un recurso de reposición contra el acuerdo y para rebajar de 50 a 30 años la concesión al considerar que “no había ninguna justificación para una duración de contrato de arrendamiento tan larga”. En este sentido, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a través de un informe del 21 de octubre, que no era vinculante, les daba la razón y creía que “no estaba justificada la concesión directa”.
Tras conocer la decisión, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha valorado “positivamente” que la Junta de Gobierno acepte “íntegramente” el recurso presentado por su partido ante la adjudicación de este espacio. “Ribó se ve obligado a asumir íntegramente el informe de la Asesoría Jurídica que apoya el recurso del Partido Popular contra la adjudicación directa a Labora de la base de la Alinghi” ha señalado Catalá.
“Una muestra más de la mala gestión de Compromís y PSOE que sólo saben que buscar a los amigos despachitos con vistas al mar en lugar de velar por los intereses de València” ha manifestado Catalá, que también ha señalado que la Marina “debe ser un referente de atracción de empresas vinculadas a la Innovación”. En este sentido ha pedido al Ayuntamiento que desista de la intención de usar la Base como despacho de altos cargos y espera que “no haga trajes a medidas para que Labora se ubique en la antigua Base puesto que hay lugares en la ciudad mucho más adecuados para esta entidad”.
“Sin respetar el procedimiento para el el arrendamiento de inmuebles”
Los argumentos esgrimidos por el PP en su recurso contra el acuerdo explican que “el arrendamiento se realizó sin respetar el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles establecido en el artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”. Además no constaba el estudio de mercado (art. 124.2 Ley 33/2003) para establecer el precio del arrendamiento, utilizando como propio el mismo precio que se estableció para el arrendamiento del CEMAS tres años antes, sin tener en cuenta el grave ciclo inflacionista que atraviesa la Comunidad Valenciana según el INE, beneficiándose de unas condiciones económicas perjudiciales para los intereses municipales”.
Asimismo en el Expediente “no consta ningún informe ni justificación del motivo por el que se aplica una bonificación del 40% del precio del alquiler por ser una administración pública. Además se están incumpliendo las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal de 2022 en el que se enumeran los extremos a comprobar en los expedientes relativos al arrendamiento de bienes inmuebles”.
“Además el artículo 106.2 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, establece que los contratos para la explotación de los bienes o derechos patrimoniales no podrán tener una duración superior a 20 años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas, pero en el expediente municipal no consta justificación o motivación alguna por el que se acuerda una duración contrato de arrendamiento de treinta años prorrogables hasta un máximo de cincuenta años por periodos de 5 años” aseguran desde el PP.
Por último se apunta que “existen limitaciones a la hora de volver a tomar una decisión contraria a un asunto sobre el que el Ayuntamiento se pronunció en un determinado sentido, y alude a que el Ayuntamiento de València realizó hace varios años un proceso de concurrencia pública para la adjudicación de las actuales sedes de EDEM y Lanzadera en La Marina y más recientemente para la concesión del edificio denominado ‘Docks'”.
